Agenda de Estado para resolver el problema de la basura en Panama

enero 26, 2014

El 24 de enero fue publicada en Panamá la Encuesta Opina, contratada por Telemetro y el periódico La Estrella, y realizada por la casa encuestadora IPSOS. Según se indica en el reporte. La recolección de datos se realizó del día 17 al 20 de Enero del 2014, período en el que se entrevistaron 1500 personas, residentes de la República de Panamá en zonas urbanas y rurales (considerando las Comarcas Ngöbe-Buglé, Guna Yala y la provincia de Darién), mayores de 18 años.

Entre los objetivos del estudio, se mencionan determinar cuáles son los problemas más graves del país, y cuál es la intención de voto de los panameños. En el primer caso, los dos problemas que más agobian a la población son la Canasta Básica y la Inseguridad Ciudadana como se observa en la gráfica adjunta. Pero por segunda vez aparece la mala disposición de la basura en una posición sexta, en el conjunto de los problemas más relevantes.

Es importante indicar que el manejo inadecuado de los residuos sólidos, en los dos últimos meses, se ha convertido en un problema relevante, por su relación con la epidemia de dengue que está afectando a la población. Sin embargo, las distintas campañas carecen aún de respuestas a este problema.

A continuación planteamos sugerencias para enfrentar el problema.

  1.  La oferta electoral debería incluir la promulgación de una Ley General de Residuos Sólidos.

En forma resumida se sugiere dejar claramente establecidas en la Ley, las Herramientas para al Manejo Integral:

  • La Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. El Plan Nacional. Planes Municipales. Planes Sectoriales por Tipo de Residuo (Peligrosos, Especiales, Urbanos). Planes de Manejo Integral. Fiscalización de los Planes.
  • Información y Educación. Sistema Nacional de Información. Acceso a la información. Programa Nacional de Educación.
  • Promoción de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Disposiciones para el fomento de la gestión integral de los residuos sólidos. Herramientas específicas Incentivos a generadores. Medidas especiales para minimizar la generación de los residuos sólidos. Participación ciudadana.
  • Las obligaciones del Estado. Presupuestos. Sistemas de Gestión Ambiental. Compras del Estado (promover la compra y utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables).
  • Fondo para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Constitución delos recursos. Manejo del Fondo.

Aspectos críticos de la Ley General que se propone, es retornar a los Municipios la gestión de los residuos sólidos y su operación (en los casos en que el servicio no esté concesionado). Deberá incluir además instrumentos claros de fiscalización a las empresas que tienen concesiones para la recolección, transporte y disposción final de los residuos sólidos. Asi como la consitución de un Fondo para apoyar financieramente a los municipios, mientras se genera una cultura de pago de la tasa de aseo.

2.  Incorporar al sector informal al Plan Nacional de Residuos Sólidos.

Como resultado de las deficiencias del sector público y municipal en la prestación de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos, ha prosperado un sector informal para atender esta demanda. Se trata de propietarios de pequeños camiones que recorren las barriadas periféricas cobrando generalmente $0.25 por bolsa plástica de residuos.

Las tareas que se imponen es organizar este sector en cooperativas o microempresas, dotarlos de financiamiento para mejorar sus vehículos recolectores,  planificar sus labores (rutas, frecuencias) y fiscalizar sus operaciones. El fortalecimiento de este sector contribuiría a atender a las poblaciones periféricas y urbano –marginales, colaborando especialmente a suplir el déficit en la recolección primaria.

La formalización de este sector no solo contribuye a aumentar la oferta de servicios de aseo en forma estable y ordenada, sino que también a la generación de empleos e ingresos.

Otra tarea importante es la formalización de los centenares de “pepenadores” que laboran en los sitios de disposición final. En este caso, la implementación de un plan de creación de microempresas de reciclaje, sería la mejor opción para dignificar este trabajo de acuerdo a parámetros ambiental y socialmente sostenibles.

Al respecto hemos escrito el ensayo: “Lineamientos para crear una Microempresa de Reciclaje”.

3.  La creación de un Fondo para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

En este mismo Blog hemos publicado el artículo Análisis de alternativas al problema de los residuos sólidos en Panamá”.

Incluimos en esa oportunidad un resumen del Plan de Negocios preparado por el Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá, en 2005, plenamente vigente en la actualidad. El Proyecto preparado por el MINSA contempla una inversión de $USA 14, 780,000 para fortalecer los sistemas de recolección de los municipios considerados, $USA 6,120,000 ($USA 90,000 por unidad) para la compra de 68 compactadores de 16 yardas cúbicas y $USA 3, 960,000.00 ($USA 60,000 por unidad) para la compra de 68 volquetes de 13 yardas cúbicas. A estos equipos deben sumarse pick-ups para supervisión, retroexcavadoras, etc.

Estas inversiones se proponen estabilizar y mejorar sustancialmente la recolección y transporte de todos los residuos sólidos en todo el territorio nacional, con el propósito primordial de romper el círculo vicioso: “no se presta un buen servicio porque no se paga la  tasa de aseo, y no se paga la tasa de aseo porque no se presta un buen servicio”.

Mientras que el servicio mejoraría con las inversiones señaladas, se implementarán distintas iniciativas dirigidas a elevar el compromiso de los usuarios en los ámbitos domiciliar, comercial, industrial e institucional. Considerando que el 80% de los residuos para se generan en los domicilios, la participación ciudadana con un enfoque comunitario es clave para avanzar hacia una “cultura de pago”. A continuación presentamos algunas iniciativas.

4.  Ley para impulsar la creación de Comités Voluntarios de Vigilantes Ambientales.

Para modificar los hábitos y actitudes incorrectos que prevalecen hoy en el manejo de los residuos sólidos, se hace indispensable incorporar a la sociedad civil en las funciones de control y vigilancia ambiental, colaborando con las autoridades competentes en la aplicación de la legislación vigente. Esta propuesta se corresponde con una mayor conciencia del tema ambiental por la sociedad panameña.

En consideración a lo anterior resulta de interés público promover la participación comunitaria como coadyuvante de las autoridades competentes en la aplicación de la normativa ambiental. El vigilante ambiental voluntario, asume una responsabilidad ciudadana  con su comunidad y el ambiente y sus actividades y su labor  debe ser reconocida, avalada y apoyada por el Estado panameño.

En este Blog se puede consultar el “Manual Operativo  para la Puesta en Marcha de un Plan de Vigilancia Ambiental Comunitaria”. El Manual se estructura en tres partes: La 1a., denominada “Objetivos y Características del  Manual”, presenta una descripción general de los objetivos del Manual y su organización. La 2a. que hemos titulado “Procedimientos a Seguir por el Comité Voluntario de Vigilantes Ambientales”, describe una serie de procedimientos que deben utilizar los miembros del grupo, y por último la 3a. “Procedimientos a Seguir por los Corregidores” que no es otra cosa que el conjunto de instrucciones para estas autoridades.

Adicionalmente, hemos preparado el borrador de Anteproyecto de Ley “Que Establece Disposiciones para la Promoción de la Vigilancia Comunitaria Voluntaria Ambiental en el Territorio Nacional”. Esta Ley se sustenta en el precepto constitucional (Art. 119) de que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.

Igualmente se fundamenta en la responsabilidad compartida incorporada en la Ley General del Ambiente cuando expresa en su Artículo 106 que toda persona natural o jurídica está en la obligación de prevenir el daño y controlar la contaminación ambiental.

Se puede consultar el  texto completo aquí: Proyecto_Ley_Vigilantes_Ambientales, presentado a consideración de las organizaciones sociales políticas interesadas en el tema.

Las iniciativas sugeridas se han sustentado en estudios e investigaciones realizadas en el marco de Consulorías Nacionales e Internacionales.


El problema de los residuos solidos en la campaña electoral panameña

enero 1, 2014

Francisco Rivas Ríos.

Los ciudadanos panameños han sido convocados a elecciones generales el 4 de mayo de 2014, para escoger Presidente, Diputados, Alcaldes y Representantes de Corregimiento. Mientras que los partidos afines al Gobierno, Cambio Democrático (CD) en alianza con el  Molirena, enfocan su campaña en los logros económicos alcanzados, así como los programas sociales basados en transferencias monetarias a distintos grupos de población, los partidos de oposición Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista (aliado con el Partido Popular) y Frente Amplio Democrático se esmeran en señalar los principales problemas aun no resueltos, como el alto costo de la vida y la inseguridad, entre otros.

Un problema de vieja data: el deficiente sistema de recolección y tratamiento de los residuos, sin embargo, ha ocupado una atención marginal para el conjunto de las fuerzas políticas. A pesar de que el problema agobia a importantes sectores de la población especialmente en la Ciudad Capital y ciudades intermedias.

Hoy como ayer algunos candidatos a Alcaldes, esgrimen los mismos planteamientos, sin que a la fecha se hayan logrado implementar. Veremos algunas razones de las debilidades de estas propuestas reiterativas.

1. “Educar a la población”.

De manera resumida, se promete que la población será educada  para que disponga adecuadamente la basura (“para que no la bote en cualquier parte”, especialmente ríos y quebradas), para que recicle y dicho con un menor énfasis, pague la tasa de aseo.

La debilidad crucial de esta propuesta resulta obvia: habría que “educar” a la población sobre qué hacer con los residuos sólidos que se acumulan en sus casas y vecindarios debido al colapso del sistema de recolección.

Hemos tenido la oportunidad de ofrecer charlas informativas a comunidades urbanas y rurales sobre las 3 NO: no botar la basura en sitios públicos, mucho menos en ríos y quebradas; no quemar la basura a cielo abierto; no enterrarla. Los argumentos, debidamente ilustrados, se enfocan en los daños potenciales a la salud y el ambiente.  El problema, planteado por los participantes, es el siguiente: “si no podemos quemar, botar en sitios públicos, ni enterrar la basura y, además, los encargados de la recolección no realizan su tarea que hacemos? Comérnosla?”.

 2.     “Comprar camiones recolectores”.

El problema, entonces, remite al principio de todo: organizar un sistema eficiente de la recolección de los residuos sólidos, sobre CAMIONESLIMPIA1cuya base puede pensarse en un plan de educación a la comunidad. En tal sentido, adquirir camiones compactadores y otro equipo como retroexcavadoras se ha constituido en el símbolo de la modernidad y solución definitiva al problema de los residuos sólidos en Panamá, desde hace dos década. Aunque no existen cifras exactas, en los últimos 20 años el país ha dedicado centenares de millones de dólares a la compra o alquiler de estos equipos.

Punto_acopio_improvisado_residuos_urbanos_PtyVarios problemas han reducido el impacto positivo de estas inversiones. Primero, el mantenimiento ha sido deficiente y en poco tiempo tales equipos terminan convertidos en chatarra. Segundo, de poco han servido para atender las áreas urbanas de clase baja, pues las características de sus vías (veredas estrechas y de trazado irregular), no permiten realizar la recolección en forma eficiente. No existe una recolección primaria planificada, utilizando equipos adecuados, que permita trasladar los residuos desde las viviendas hasta los camiones compactadores. La consecuencia es que los residuos sólidos se acumulan en lugares improvisados por los vecinos como puntos de acopio, a la espera de los camiones compactadores.

 3.     “Reciclar”.

La totalidad de los aspirantes a las Alcaldías, de todos los partidos políticos, ofrecen como una de las soluciones principales al problema señalado, el “reciclaje”. No obstante, omiten mencionar – posiblemente por desconocimiento- que en Panamá existe un número importante de empresas recicladoras las cuales realizan exportaciones millonarias de materiales reciclables. (Véase la Presentación de nuestra autoría: http://www.authorstream.com/Presentation/apronad-294001-el-mercado-de-reciclaje-en-panama-recclaje-metales-papel-exportaciones-residuos-apronad-travel-places-nature-ppt-powerpoint/).

 Los planteamientos de los políticos, en cambio, hacen referencia a experiencias de países europeos y muy especialmente Japón, sin que se explique a los electores sobre el cómo propiciar programas municipales de reciclaje cuando el sistema de recolección y transporte de los residuos sólidos está colapsado y, además, esta actividad es controlada por la empresa privada.

4. Una grave omisión … política.

Los ciudadanos esperarían de sus políticos eso: una propuesta relacionada en el campo de las políticas para un manejo adecuado de los residuos sólidos. Porque el problema de raíz es que el marco institucional panameño en este campo es un verdadero de caos. Primero, la responsabilidad por el manejo de la basura fue transferida al gobierno central, en la figura de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Pero en la práctica esta autoridad, teóricamente de alcance nacional, se ha concentrado en lidiar con el problema en la Ciudad Capital. En el resto del país la responsabilidad sigue siendo de los Municipios.

Por otra parte, la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en las principales ciudades, con excepción de la Capital, ha sido concesionada a empresas extranjeras de capital colombiana, por periodos de 25 o más años. Estas concesiones fueron otorgadas por los Municipios, antes de la creación de la AAUD, y están vigentes. Agreguemos que el Relleno Sanitario de Cerro Patacón, localizado en el Distrito Capital, fue concesionado igualmente en su momento a una empresa de origen colombiana, por el Municipio de Panamá.

Adicionalmente, la responsabilidad por la gestión y operación de los residuos peligrosos es del Ministerio de Salud (MINSA), generalmente enfocado solo en los residuos hospitalarios. El sector portuario, la Zona Libre de Colón y la Autoridad del Canal de Panamá, entre otros, cuentan con sus propios sistemas. Los grandes generadores del sector comercial y hotelero han optado por contratar empresas recolectoras privadas. En las barriadas de clase media del interior del país, la recolección es ofrecida por recolectores informales.

Y para completar este panorama, las empresas recicladoras se apoyan en una masa de recolectores informales (“pepenadores”), sin que exista una normativa específca. El déficit de legislación en esta materia, además, ha permitido el crecimientode la actividad del reciclaje en forma caótica, con elevados costos sociales y ambientales..

En este contexto caotico es prácticamente imposible poner en marcha propuestas viables para resolver el problema de los residuos solidos. ¿No sería tarea precisamente  de los políticos presentar una oferta una estrategia integral de solución al problema?

Proponer, por ejemplo, el impulso de una Ley General de Residuos Sólidos, creando Comité Nacional ampliamente representativo para colaborar con la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados, en la elaboración del texto. En el Comité deberían participar representantes de las instituciones gubernamentales, el sector municipal, el sector académico, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil. Véase al respecto: http://es.scribd.com/doc/28925693/Legislacion-Residuos-Solidos-Panama


Empresas B: las mejores para el mundo

noviembre 15, 2013

Por: Agustín CALVO CASTILLA //Director de Proyectos APRONAD Costa Rica desde 2011 // Economista. Coordinador y director de proyectos. Consultor económico, especialista en mercadeo y comunicación política. Impulsor de programas de reciclaje, proyectos socioproductivos y negocios inclusivos en Argentina y Costa Rica.

ebd-704x318La economía social continúa en franca expansión. Este movimiento socioeconómico basado en valores y principios, centrado en las personas y en prácticas de cooperación y solidaridad, encuentra nuevas concepciones y modelos paralelos desde la economía de mercado que no dejan de ser funcionales a propósitos similares.

Tal es el caso de las llamadas ‘Empresas B’. Estas organizaciones, concebidas como motores de desarrollo y bienestar, interpretan que el Estado y la Sociedad Civil son fundamentales para dar solución a los principales retos sociales y ambientales, pero no suficientes; y en ese sentido se proponen contribuir desde los productos y servicios que comercializan, sus prácticas laborales y ambientales, y el trabajo articulado con los proveedores y las comunidades.

Como guía de sus prácticas ha sido creado el Sistema B, que establece una serie de requisitos para alcanzar la certificación Empresa B. En primer lugar, el sistema redefine el sentido de ‘éxito’ de las empresas, buscando que ya no sean las mejores del mundo sino ‘para el mundo’, entendiendo en esta reorientación la centralidad del impacto social y ambiental para el desarrollo y bienestar de la comunidad. En segundo lugar, establece un riguroso proceso de regularización que analiza todas las dimensiones de la organización para garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de desempeño y un fuerte compromiso de transparencia al exigir el reporte público de los impactos sociales y ambientales. Y finalmente, introduce modificaciones legales que protegen tanto la misión empresarial como el interés público, avalando así normativamente el respeto hacia el propósito constitutivo de la organización.

Esta nueva generación de empresas que utilizan el poder del sector privado para crear beneficios para las personas y el medio ambiente ya involucra a más de 855 organizaciones, desempeñándose en 60 industrias diferentes a lo largo de 28 países. En América Latina son 74 las empresas que han logrado la certificación, desarrollándose en los mercados de Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Algunas de las exitosas iniciativas son las siguientes:

+Ambiente (Argentina): recicla y revaloriza el aceite vegetal usado de cocina para la fabricación de jabones ecológicos 100% biodegradables. Los productos son fabricados por mujeres emprendedoras de barrios vulnerables y comercializados por Enlazadoras de Mundos, una red de distribuidoras independientes. Además, brindan talleres de conciencia ambiental para niños y adolescentes. [http://www.masambiente.com]

Britec (Chile): capacita y emplea en trabajo remunerado a presidiarios del Centro Penitenciario Colina 1 para la fábrica de colectores solares calentadores de agua, promoviendo así la reinserción social y la energía limpia. [http://www.britec.cl]

Ouro Verde Amazonia (Brasil): produce y comercializa aceite de castaña, crema de castaña, castaña triturada y castaña sin cáscara. Utiliza materia prima de árboles de castaña autóctonos de la Amazonia, e involucra para su cosecha a diversas comunidades de la región, incluyendo grupos indígenas y agricultores familiares. [http://www.ouroverdeamazonia.com.br]

Santosh (Colombia): produce y comercializa alimentos inspirados en la ciencia Ayurveda: mantequilla clarificada, granolas de frutos secos, pasas y chocolate, infusiones de diversas hierbas, sales, especias y semillas. Cultivan orgánicamente parte de sus insumos e involucran a mujeres campesinas como trabajadoras y proveedoras. [http://santoshayurveda.com]

Alcanzar la certificación para integrarse oficialmente a la Comunidad Global de Empresas B reporta no solo beneficios de imagen, posicionamiento y credibilidad, sino que también abre acceso a inversionistas, financiamiento, nuevos clientes y mercados, y ahorros provenientes de relacionarse con otras empresas del movimiento global. Si ya iniciaste un emprendimiento o estás por hacerlo, y te interesa ser parte de este universo, es posible someter tu negocio a una pre-evaluación y ver cuán cerca o lejos estás de cumplir con los requisitos para obtener la certificación.

Sin lugar a dudas, se trata de un nuevo paradigma empresarial que supera la responsabilidad social como práctica y la incorpora a la esencia del negocio, procurando que el impacto positivo en la sociedad y el ambiente sea su mismo fin. El movimiento ya crece a pasos agigantados, y pronto encontraremos en el resto de América Latina más casos de éxito de emprendimientos responsables, Empresas B, nuevas alternativas de desarrollo que bien merecen una ‘A’.


Taller sobre Responsabilidad Social Empresarial para Dirigentes Políticos de Costa Rica

octubre 30, 2013

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) generalmente es abordada desde la perspectiva de los empresarios, como protagonistas principales, y de manera secundaria desde las organizaciones no gubernamentales y fundaciones filantrópicas. Los tomadores de decisión son considerados comúnmente como referentes para la aprobación de legislaciones que fortalezcan y viabilicen la RSE, pero no hacen parte de las acciones de la RSE.

Por eso la actividad desarrollada por APRONAD COSTA RICA, sobre la RSE pero enfocada en actores políticos, constituye un valioso antecedente.

1185456_504871586268739_1894235377_nEn la ciudad de San José, el día 10 de septiembre de 2013, APRONAD COSTA RICA desarrolló el Curso Taller “Prácticas Sustentables”, evento realizado en coordinación con AFODCIL y el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos, en el salón de Beneméritos de la Patria de la Asamblea Legislativa.

El propósito del Taller  fue capacitar a representantes de las Fracciones Parlamentarias de los Partidos Políticos, mediante una jornada informativa. Las exposiciones estuvieron a cargo de Pablo Fernández, representante de APRONAD; Francisco Hernández, encargado de Comunicaciones Corporativas de UNILEVER; y Joost Hamelink, representante de la EMBAJADA DE LOS PAÍSES BAJOS.de San José, el día 10 de septiembre de 2013, APRONAD COSTA RICA desarrolló el Curso Taller “Prácticas Sustentables”, evento realizado en coordinación con AFODCIL y el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos, en el salón de Beneméritos de la Patria de la Asamblea Legislativa.

Pablo Fernández, instruyó a los participantes sobre el Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social Empresarial, exponiendo la parte teórica y, además, mostrando ejemplos de empresas y organizaciones que realizan prácticas sustentables.

Francisco Hernández, presentó el ejemplo de Unilever como empresa sustentable que aplica los principios de la Responsabilidad Social Empresarial. Algunas de sus prácticas sustentables mencionadas hicieron referencia a la fabricación ecoeficiente mediante el uso de fuentes sostenibles, innovación sostenible, responsabilidad en la cadena de valor, entre otras. Además, desatacaba que el 68% de responsabilidad recae en el consumidor, por lo tanto, lo que les ha obligado a impulsar sobre patrones de consumo responsable.

Por otro lado, Joost Hamelink, mostró el ejemplo del Gobierno de los Países Bajos como Gobierno Sustentable a través de su programa “Compras Sustentables”. Expuso que este programa está diseñado para compras mayores de $190,000, definiendo los lineamientos mínimos que las empresas deben cumplir para ser proveedores del gobierno. Mencionó la incidencia que tiene este proyecto como multiplicador de prácticas sustentables, debido a los requisitos que deben cumplir todos los implicados en la cadena de valor.

Temáticas abordadas.

1209276_504872112935353_791507779_nSostenible.

Historia ambiental, definición y conceptos asociados, desarrollo económico, problemas actuales, cambio de percepción del modelo de consumo (ejemplo de alternativas verdes), presente y futuro.

Sustentabilidad.

Conceptos y definiciones, huella de carbono, huella hídrica, eficiencia y reducción energética, capacitación, cadena de abastecimiento, ejemplos.

Responsabilidad Social Empresarial

El rol de la empresa u organización en la comunidad, responsabilidad en los negocios, conceptos y derechos (derechos empleados, derechos humanos, derechos de la mujer), ganar-ganar (gobierno, empresas, ONG), relación con la comunidad, impulso al desarrollo. Corporética, programas, comunicación.

Metodología.

Ejemplos, revisión de acciones sustentables y de RSE, trabajo en equipo, perspectivas,

casos prácticos: propuesta, diseño, evaluación y comunicación.

Usted puede conocer sobre las actividades que realiza APRONAD – COSTA RICA en el siguiente sitio web: http://apnad.org/. O escribir al e-mail: info@apnad.org. Teléfono: +506.2255.2452


Conclusiones del Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social

octubre 30, 2013

cirsd-704x318Por: Agustín CALVO CASTILLA // Director de Proyectos APRONAD Costa Rica desde 2011 // Economista. Coordinador y director de proyectos. Consultor económico, especialista en mercadeo y comunicación política. Impulsor de programas de reciclaje, proyectos socioproductivos y negocios inclusivos en Argentina y Costa Rica.  http://apnad.org/

Los días 14, 15 y 16 de Noviembre tuvo lugar el 1er. Congreso Internacional de Responsabilidad Social en Buenos Aires, Argentina, y APRONAD estuvo presente participando de las actividades.

En sesiones plenarias y paralelas se abarcaron múltiples temáticas vinculadas, como Derechos Humanos, Finanzas Éticas, Economía Social, Responsabilidad Universitaria, Desarrollo Local, Diversidad y Género, Comunicación, Salud, Educación, Políticas Públicas, Sustentabilidad Ambiental, Cultura y Deporte. Entre los diversos expositores sobresalieron las intervenciones del Premio Nobel en Economía Dr. Amartya Sen, el Ex Presidente de Brasil Luiz Inazio ‘Lula’ Da Silva, el Ex Presidente de España Felipe González Márquez, y el ‘Padre de la Ética para el Desarrollo y la Gerencia Social’ Dr. Bernardo Kliksberg.

A modo de resumen, seleccionamos los 18 principales conceptos y conclusiones que arrojaron las tres jornadas de debate y reflexión:

1] La Responsabilidad Social compete a todos: a nosotros como individuos, a las cooperativas, a los sindicatos, a las universidades, a las empresas y a los gobiernos locales. El trabajo en ecosistema y el diálogo entre los actores es lo que va a permitir definir acciones responsables.

2] Desde el individualismo se avanzó hacia la filantropía, la responsabilidad moral. La Responsabilidad Social implica responsabilidad jurídica, marco legal, para alcanzar impacto en la sociedad en su territorio. No se trata de ‘buenas prácticas’: pensar acciones de impacto positivo requiere preguntarnos cuáles son nuestros impactos negativos. La Responsabilidad Social no transforma nada aún.

3] El mundo ha experimentado un capitalismo salvaje, fuertemente acumulativo, enfocado en maximizar beneficios a costa de la sociedad y el ambiente. La ‘teoría del derrame’ que pregona el crecimiento como motor para que el mercado atienda las desigualdades sociales es primitiva y ha demostrado empíricamente ser una falacia: el 1% más rico del mundo posee lo que necesita el 90% y la concentración va en aumento. El modelo de crecimiento con equidad, más allá de los fundamentos morales, funciona mejor económicamente frente a las crisis.

4] La Responsabilidad Social debe profundizar por sobre la búsqueda de reputación. El RSE puede ser funcional como ardid del marketing para dar nuevo ropaje al capitalismo salvaje, y es preciso evitar el ‘efecto vacuna’, el ‘rol cosmético’ (fairwashing, greenwashing) que muestra acciones responsables para maquillar resultados netos desfavorables. Necesitamos pensar la Responsabilidad Social como anclaje de la democracia.

5] La democracia no es un pacto de silencio; es una sociedad en constante movilización en la búsqueda de conquistas. Fuera de la política no hay democracia. El político que deseamos está dentro de nosotros: participemos para transformar la realidad.

6] La educación implica educación formal y debate público. La educación política es muy importante para la transformación de la condición humana, y la participación es la única manera de proveer base a una idea.

7] La participación ciudadana es creciente en Latinoamérica, y es la que está demandando a las empresas Responsabilidad Social: condiciones laborales dignas, honestidad con el consumidor, cuidado del medioambiente, transparencia operativa e inversión social en las comunidades que conforman su entorno.

8] La ética es comprometerse con los valores. Cuando el Estado se compromete con los valores, surgen las políticas públicas que priorizan a la gente. Cuando se compromete la sociedad, surgen el voluntarismo y el asociativismo. Y cuando se compromete la empresa privada, surgen acciones de Responsabilidad Social.

9] Vemos logros y fracasos en las economías de mercado y en sus organizaciones, pero las necesitamos para lograr productividad. Independientemente de si se trata de capitalismo o socialismo, es preciso buscar una combinación de instituciones para cada caso, para cada realidad, bajo el nombre que sea, que nos lleve a la Responsabilidad Social.

10] El concepto Organización No Gubernamental (ONG) implica el supuesto de un Estado ausente, y la misión de actuar para cubrir una necesidad allí donde su presencia falla. Por esta razón, ante Estados presentes, gana popularidad el concepto Organización de la Sociedad Civil (OSC).

11] Recursos Humanos y Recursos Naturales representan insumos para la producción en la dinámica capitalista. Es preciso pensar como sujetos Personas y Naturaleza.

12] El presupuesto destinado al desarrollo social no es gasto social, sino inversión social.

13] Las 1000 principales empresas del planeta son responsables de más del 50% del valor accionario de todas las bolsas de valores mundiales, y juntas poseen activos por una cifra superior al Producto Bruto Global: existe un nivel de concentración económica inédito en la historia. Este alto protagonismo les otorga poder de presión sobre los gobiernos y la sociedad, volviendo al empresario un actor fundamental. Trabajar su sentido de la ética es imprescindible para abordar la Responsabilidad Social Empresarial.

14] El emprendedor social es un actor clave en la Responsabilidad Social. Se caracteriza por ser optimista, perseverante, empático e innovador. Los emprendedores sociales y sus nuevas ideas son puentes al cambio sistémico.

15] La Responsabilidad Social Empresarial ha demostrado empíricamente aumentar la moral de los trabajadores, y a partir de ello su nivel de productividad (así también el de la empresa). El empresariado siente gratificación por su gestión del impacto social, y la comunidad mejora su situación. Las ventajas involucran a todos.

16] Estudios empíricos de la Universidad de Harvard demuestran que el riesgo cardiovascular se reduce cuando se está ayudando activamente a los otros, y la esperanza de vida se duplica en la población de tercera edad. Pensar en ayudar a los demás, incluso, activa las mismas zonas de placer del cerebro que comer o tener sexo. Ayudar al otro mejora la calidad de vida.

17] El planeta puede producir alimentos para 12.000 millones de personas; somos 7.000 millones los que lo habitamos, y cerca de 1.000 millones sufren hambre. Unos 800 millones toman agua contaminada, y 2.600 millones no cuentan con servicios sanitarios. Estos ‘escándalos éticos’ demandan nuestra Responsabilidad Social.

18] La Responsabilidad Social no se trata sólo de luchar contra la pobreza, sino también de trabajar sobre la productividad como solución: empoderar a los pequeños y medianos actores para que puedan realizar mejor su trabajo y desarrollarse, y hacer más eficiente la gestión de las políticas públicas para lograr un impacto más responsable sobre el conjunto.

 


Hugo Rivas: literatura premonitoria de la corrupción

julio 11, 2013

Hugo Rivas Ríos nació en Costa Rica, en Santa Cruz, Guanacaste, el 30 de julio de 1954.  Realizó los estudios primarios en la Escuela Josefina López de Huertas, de Santa Cruz, y los secundarios en el Liceo de Santa Cruz. Posteriormente estudió Filología en el Centro Regional Universitario de Guanacaste. Escribió el ensayo Golpe de Estado (1976) y recibió una mención honorífica en la Universidad de Costa Rica. Además escribió la novela “Esa orilla sin nadie” (1988).

En 1988 fue merecedor del Premio Nacional de Novela “Aquileo Echeverría”, de Costa Rica. En 1993 la Editorial Costa Rica publicó su obra de “Cambios de Otoño’. Falleció el 03 de diciembre del año 1992.

Esa Orilla sin Nadie

La única novela que escribió Hugo Rivas la tituló Esa orilla sin nadie y la publicó en 1988.

Esta novela ofrece una gama de acontecimientos ligados a la corrupción política y al desencanto. Es una obrPortada_HugoRivas2a desde una perspectiva narracional olímpica pero muy cerca a cada personaje. El narrador omnisapiente se convierte en una especie de eco, de intérprete, de comunicador de lo que piensa y hace el personaje, lo acompaña, está a su lado y hace guiños al lector social para que no se le escapen algunos elementos importantes que desea señalar, reafirmar, destacar. Esto le confiere cierta objetividad, a pesar de su presencia casi absoluta en toda la novela. El diálogo es escaso y está mediatizado por el narrador.

La novela tiene como eje principal inclinación, la denuncia de la corrupción política de los funcionarios de las instituciones públicas. El ejemplo lo testimonia don Franco Gutiérrez y los que le rodean de más alto nivel, abogados y empleados superiores. Los hechos se tipifican como un desfalco contra el estado, en beneficio propio. Pero la obra no se estructura únicamente en el desarrollo de este acto ilícito, sino que se intercala con algunos acontecimientos como el asesinato del general Morazán, la revolución y triunfo del sandinismo, la guerrilla en El Salvador, y la muerte del hijo de don Franco, Marco. Es una especie de mural que se intercala, se entrecruza para formar la trama de la novela. Pero lo más importante es el resultado de esa degradación social y política, a nivel centroamericano y familiar, que produce, en la juventud de esos años del período que gobernó Costa Rica, don Luis Alberto Monge Álvarez. Es una muchachada casi sin personalidad, vacía, sin proyectos, desraizada, sin identidad, al garete, sin nada a qué asirse, huérfana, no sólo de padres que se convierten en corruptos, egoístas, coléricos, violentos y que no les importa el futuro de sus hijos, sino de sus propios beneficios y placeres. Este desamparo lo refleja el narrador en la frase:

“No este mundo terrible, no este sitio de todos. Es llegar a la otra orilla, esa orilla sin nadie”.

Esto hace que el peso de la novela lo mantengan las relaciones del clan de jóvenes que inicia la novela en el bar Chelles. Este grupo formado por varios muchachos de alto nivel económico y social representa una juventud citadina que vivió desorientada, ahuecada, vacía, rebelde, pero engañada, violentada, enajenada. Es una juventud que busca valores en una sociedad degradada y termina, víctima de ella. Por eso sus actos, más que afincarlos en un proyecto vital, solidario, que los realice como individuos y agentes sociales, son vulgares, de escape, sosos, de desencanto, de a mí qué me importa, total nada cambia, todo es lo mismo, salen unos y entran otros, se cambia el nombre del ladrón, del corrupto y todo permanece como ha sido siempre. Una juventud con tal sociedad y tales padres y con el ejemplo de los políticos de turno, sin importar el partido o la ideología de papel o de cafetín o cantina, ¿qué puede esperar y qué resultado podrá dar? ¿Cómo alcanzar la otra orilla sin nadie?.

Cambios de otoño

Portada_HugoRivasCambios de otoño es una colección de narraciones perfectamente bien elaboradas, en las cuales, el existencialismo, es tratado con originalidad y enmarcado en el contexto urbano. La aparente sencillez formal está compensada por la profundidad de algunos planteamientos y el manejo del suspenso, lo insólito, lo anormal de la normalidad mayoritariamente admitida. Esta obra pretende seguir los postulados literarios de la escuela latinoamericana, iniciada por Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Benedetti.

Hugo Rivas intenta atacar directamente lo convencional, lo establecido; aunque para algunos pueda resultar objeto de escándalo farisaico, quizá logre también en algún grado, despertar la conciencia crítica casi muerta de los lectores de nuestra latitud.

Literatura premonitoria

En la actualidad la corrupción en América Latina se ha convertido hoy en un factor extremadamente negativo para la estabilidad de las instituciones democráticas, y está erosionando el estado de derecho, el crecimiento económico y la competitividad.

La mayoría de los latinoamericanos sigue creyendo que la corrupción es generalizada en sus países. Cinco de cada diez latinoamericanos se han visto considerablemente afectados por la corrupción, y menos del 30% de los latinoamericanos considera que se ha avanzado en la reducción de la corrupción en los últimos dos años.

En 1998 Hugo Rivas, a la sazón de un joven escritor costarricense, anticipó a su manera uno de los dramas contemporáneos de América Latina.


Se inicia debate sobre nuevo Código Sanitario de Panamá

mayo 27, 2013

Francisco Rivas.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá ha invitado a todas las instituciones, organizaciones, asociaciones o sociedades relacionadas con la salud  y con personería jurídica en el territorio nacional, a participar en el análisis y discusión del borrador del nuevo Código Sanitario de Panamá, con el fin de asegurar que la actualización de dicho documento contenga los preceptos necesarios para regular las funciones del Estado en lo relativo al fomento, protección y recuperación de la salud.  Hasta el  viernes 12 de julio, el Ministerio de Salud recibirá todas las propuestas referentes a la modificación o adición de los artículos que se espera sean incluidos en este documento borrador.

El borrador de nuevo Código Sanitario consta de 10 Títulos, 42 Capítulos y 185 artículos. En su Artículo 1, se establece que “La presente Ley regula el derecho a la salud, establece las bases y modalidades  para el acceso a los servicios de salud y los principios básicos de las acciones de promoción, prevención, conservación, restitución, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos”. Además, reconoce el principio precautorio en salud pública (Artículo 4.) y los acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales que ratifique la República de Panamá (Artículo 5). Estas dos disposiciones, aunque sea teóricamente, constituyen un avance significativo por la reticencia del estado panameño a cumplir con compromisos internacionales que pueden afectar a poderosos intereses económicos.

El Capítulo VI se refiere tímidamente al tema de la salud reproductiva, especialmente entre adolescentes (Panamá posee una de más altas tasas en la región de embarazos no deseados entre la población adolescente). Indica que con la participación de la sociedad y organizaciones no gubernamentales, se promoverán acciones integradas de salud en la adolescencia, incluyendo la educación sexual.

El Capítulo VIII “De la Salud Ocupacional”, dicta el establecimiento de coordinaciones con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para definir las condiciones de saneamiento y seguridad contra los accidentes y las enfermedades laborales en todos los lugares de producción, elaboración y comercio; la  ejecución de medidas generales y especiales sobre protección de los trabajadores, en cuanto a prevenir enfermedades y accidentes; y la prevención o control de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la salud y la vida del trabajador.

Considerando la alta tasa de accidentes, especialmente en el sector construcción, resulta inexplicable que el Proyecto de Ley no se refiera al establecimiento de normas técnicas sobre enfermedades ocupacionales de protección de la salud de los trabajadores. Sin estas normas la ley difícilmente podrá aplicarse. Tampoco se hace referencia a un sistema de control y comando como podría ser un Consejo Nacional de Salud Ocupaciones de carácter tripartito (empleadores, trabajadores y estado) que impulse los objetivos planteados en el Código Sanitario.

El Titulo IV “De la Salud y la Preservación del Ambiente” establece que el MINSA en coordinación con las entidades públicas y privadas competentes, velará porque se desarrollen programas de saneamiento ambiental que incluyan, entre otros, “el cumplimiento de los convenios internacionales sobre sustancias químicas y desechos peligrosos y no peligrosos”. Lo cual es un significativo avance, aunque sea solo de tipo declarativo.

Capítulo IV “De los Desechos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos”  indica que “El Ministerio de Salud establecerá las normas de atención integral de los desechos peligrosos y no peligrosos en todo el territorio nacional. Los desechos sólidos deben ser transportados y almacenados para su utilización, tratamiento y disposición final mediante los sistemas aprobados por la Autoridad Sanitaria” (MINSA).

El texto señalado profundiza las ambigüedades jurídicas e institucionales sobre la autoridad competente en materia de residuos sólidos no peligrosos (también llamados municipales). Efectivamente, el 29 de septiembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley N° 51 que creó la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario. Dicha Ley, promovida curiosamente por el MINSA, establece en su artículo 11 que: “A partir de la vigencia de esta Ley, es función de la Autoridad, el manejo y explotación de desechos sólidos en todas sus formas. En cumplimiento de esta función le corresponde a la autoridad: a) La administración, dirección, planificación, investigación, inspección, operación, explotación y fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano y domiciliario y de los rellenos sanitarios, ya sea directamente o por medios de concesiones administrativas. b) Desarrollar políticas, estrategias generales y planes en la materia de operación y disposición de desechos sólidos”.

Quienes deseen consultar el borrador de Proyecto de Ley lo pueden descargar en esta dirección: http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/archivos/codigo_sanitario_-_primer_borrador.pdf. Para hacer llegar sus comentarios y sus aportaciones lo puede hacer mediante carta dirigida al Ministro de Salud de Panamá, Dr. Javier Díaz. Dirección: Corregimiento de Ancón, Ministerio de Salud Edificio 237, lateral al Hospital Oncológico Nacional o por medio de un formulario que en la pagina del MINSA (http://www.minsa.gob.pa) en el hipervínculo ubicado en el segmentos de DESTACADOS. También se puede llamar a los números (507) 512-9204, (507)  512-9341 y (507) 512-9398 para mayor información.


RECICLADORA DE BASE LATINOAMERICANA ES RECONOCIDA CON PRESTIGIOSO “PREMIO GOLDMAN”

abril 20, 2013

San Francisco, Abril 15, 2013] Nohra Padilla, una recicladora de base de la ciudad de Bogotá, en Colombia, es una de las seis personas reconocidas con el prestigioso Premio Goldman, conocido como el “Premio Nobel del Medio Ambiente”, que será entregado oficialmente hoy en una ceremonia a realizarse en el Opera House de San Francisco. Nohra es destacada por su lucha por la dignidad y el reconocimiento al rol de los recicladores en el manejo de los residuos urbanos.

“Soy una recicladora de base, lo que significa que ofrezco un servicio público esencial que permite la recuperación de los materiales reutilizables y reciclables que de otra manera acabarían en los vertederos, rellenos sanitarios o incineradoras”, dice Nohra. “Este es un componente clave de un sistema de Basura cero. A través de nuestra red de cooperativas, los recicladores de base reunen 100 veces más material reciclable que la industria formal del reciclaje en Bogotá”.

Sin inmutarse por poderosos adversarios políticos y una cultura generalizada de violencia, Nohra organizó a los recicladores en sindicatos y convirtió el reciclaje en un componente legítimo de la gestión de los residuos urbanos. En marzo, la Asociación de Recicladores de Bogotá – co-fundado y dirigido por Nohra – ganó una victoria histórica en la que la ciudad comenzó a pagar salarios oficiales a los recicladores, casi a la par con lo que pagan a las grandes compañías de reciclaje. El hecho marcó un hito en la lucha de los recicladores por sus derechos. Nohra y la agrupación que dirige, son asimismo referentes para el movimiento de recicladores de América Latina y el mundo, una comunidad que representa el 1% de la población urbana en la región, y reconocidos como los principales agentes del reciclaje y recuperación de los residuos.

Premio reconoce iniciativas de Basura Cero

La agrupación que Nohra Padilla lidera en Bogotá, junto al también ganador Rossano Ercolini, un profesor básico de Toscana, son miembros de GAIA. Este premio es también un reconocimiento al creciente movimiento anti incineración en el mundo, a los recicladores de base y a los objetivos de Basura Cero. Comunidades alrededor del mundo están dando pasos concretos con planes innovadores para reducir sus niveles de disposición de residuos. Iniciativas como éstas, junto con programas comunitarios con participación de recicladores para la reducción de los residuos, han logrado exitosamente desviar millones de toneladas de residuos desde los rellenos sanitarios e incineradores hacia el reciclaje y la reutilización.

Los programas de Basura Cero crean empleos y economías vibrantes y participativas al recuperar recursos valiosos en lugar de enterrarlos o destruirlos en incineradoras.

“El trabajo de Nohra y de Rossano son ejemplos del concepto e Basura Cero en acción y en terreno”,  dice Christie Keith, Coordinadora Internacional de GAIA. “Con su trabajo nos muestran que, en conjunto, reciclaje, transformación de los patrones de consumo, participación ciudadana y de los trabajadores, alternativas a la incineración de residuos y políticas que apoyen estos sistemas pueden transformar y empoderar a las comunidades hacia una causa común: un mundo sin basura”.

Más aun, este movimiento ha contribuido a reducir el uso de energía y el calentamiento global. Un sistema de Basura Cero reduce las emisiones de gas metano desde los rellenos sanitarios así como la demanda por nuevos productos y las emisiones resultantes de la elaboración de los mismos. Así por ejemplo, la deforestación es responsable del 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.  Reduciendo el uso del papel y reciclando papel, menos árboles se deben cortar y se conservan los suelos (y todo el carbono que contienen), reduciendo así en un 10% el total de emisiones de gases de fecto invernadero generados a partir de la industria del papel y la pulpa.

Información detallada sobre la biografía de los premiados, fotografías y videos de todos los premiados están disponibles en www.goldmanprize.org/pressroom/2013

Sobre la Alianza Global para Alternativas a la Incineración.

GAIA es una alianza global de más de 650 grupos de base, organizaciones no gubernamentales e individuos en más de 90 países cuya visión última es un mundo libre de tóxicos y sin incineración. Para más información visite www.no-burn.org ywww.zerowasteworld.org

Sobre el Premio Goldman.

El Premio Ambiental Goldman se estableció en 1989, impulsado por Richard y Rhoda Goldman, líderes cívicos y filántropos de San Francisco. El Premio continúa hoy con su misión original de honrar cada año a héroes populares de la ecología en cada una de las seis regiones continentales habitadas del mundo: África, Asia, Europa, Islas y Naciones Isleñas, Norteamérica, y Sur y Centroamérica. El Premio rinde homenaje a quienes han venido realizando una constante e importante labor para proteger y mejorar el ambiente natural, frecuentemente a riesgo de sus propias vidas. Para el Premio Goldman, son dirigentes “de base” aquellas personas involucradas en campañas locales que logran obtener cambios positivos mediante la participación de la comunidad o la ciudadanía en los asuntos que afectan su bienestar. Con su homenaje a estos líderes, el Premio busca inspirar a otras personas comunes y corrientes a actuar de forma extraordinaria para proteger el mundo natural. www.goldmanprize.org.


La legislación española y latinoamericana en materia de residuos sólidos

abril 14, 2013

Francisco Rivas R.

A continuación presentamos  aspectos fundamentales de la legislación ambiental española y latinoamericana de “nueva generación” (últimos 5 años), que regula la gestión de los residuos sólidos con un enfoque integral y de aprovechamiento productivo, incorporando al reciclaje como un componente estratégico.

Considerando que Panamá aún carece de una legislación específica en este campo, este análisis puede ser de utilidad para los tomadores de decisión.

1.  LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESPAÑA. JEFATURA DE ESTADO[i].

Esta Ley precede con mucho a las modernas legislaciones latinoamericanas de residuos sólidos y, sin duda, influyó de manera decisiva en sus contenidos. Los cambios conceptuales y operativos que acompañan esta Ley y que se explican en la Exposición de Motivos, pueden de resumirse de la siguiente manera:

  • La moderna concepción de la política de residuos, adoptada por la Unión Europea , consiste en abandonar la clasificación en dos únicas modalidades (general y peligrosos) y establecer una norma común para todos ellos, que podrá ser completada con una regulación específica para determinadas categorías de residuos.
  • Coordinar la política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su reducción en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los residuos sobre otras técnicas de gestión.
  • Se excluye de la legislación las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los vertidos a las aguas.
  • Siguiendo el criterio de la normativa comunitaria, como complemento de esta regulación de carácter general se podrán dictar, posteriormente, normas para los diferentes tipos de residuos, con la finalidad de establecer disposiciones particulares sobre su producción o gestión.
  • Se respeta el reparto constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas, al tiempo que garantiza las competencias que tradicionalmente han venido ejerciendo las Entidades locales (Municipios) en materia de residuos sólidos urbanos.
  • La elaboración de planes nacionales de residuos, que resultarán de la integración de los respectivos planes autonómicos de gestión, y admite la posibilidad de que las Entidades locales puedan elaborar sus propios planes de gestión de residuos urbanos.
  • La Ley a regular los residuos una vez generados, sino que también los contempla en la fase previa a su generación, regulando las actividades de los productores, importadores y adquirentes intracomunitarios y, en general, las de cualquier persona que ponga en el mercado productos generadores de residuos. Con la finalidad de lograr una estricta aplicación del principio de «quien contamina paga», la Ley hace recaer sobre el bien mismo, en el momento de su puesta en el mercado, los costos de la gestión adecuada de los residuos que genera dicho bien y sus accesorios, tales como el envasado o embalaje. Con ello, además, se acomoda el desarrollo económico de España a los principios proclamados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y la Agenda 21, firmados por España en la Conferencia Internacional de Río de Janeiro de 1992 y a los principios de la política comunitaria de medio ambiente, tal como figuran recogidos en el artículo 130. R del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, tras las modificaciones introducidas por el Tratado de la Unión Europea.
  • Debe destacarse, asimismo, el fomento de la colaboración entre la Administración y los responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se transforman en residuos, mediante la creación de un marco jurídico adecuado, con la suficiente operatividad, para la suscripción de acuerdos voluntarios y de convenios de colaboración.
  • Con carácter general, se establece el régimen al que habrá de adecuarse la producción, la posesión y la gestión de residuos, manteniéndose un mínimo nivel de intervencionismo administrativo en los supuestos de eliminación y valorización de los residuos dentro del propio proceso productivo, cuando ello permita al gestor beneficiarse de las medidas de incentivación de mercados de valorización.
  • La Ley regula también la forma en que habrá de hacerse la recogida de los residuos urbanos por las Entidades locales, el traslado interno y externo de los residuos dentro del margen de limitación de movimientos, tomándose como básico el principio de proximidad.
  • Para la consecución de los objetivos de reducción, reutilización, reciclado y valorización, así como para promover las tecnologías menos contaminantes en la eliminación de residuos, la Ley prevé que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan establecer instrumentos de carácter económico y medidas de incentivación.
  • Asimismo, se dictan normas sobre la declaración de suelos contaminados y se regula la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de lo establecido en esta Ley, tipificándose tanto las conductas que constituyen infracción como las sanciones que procede imponer como consecuencia de ello.

A continuación mencionaremos los principales conceptos y principios que fueron incorporados a la legislación latinoamericana más avanzada.

El Capítulo Primero establece en su artículo l, el objetivo principal de la Ley el cual es “Establecer el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la recogida y tratamiento de los desechos y residuos sólidos urbanos, en orden a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos.”

El Capítulo Segundo que trata sobre la eliminación de los residuos sólidos establece que ésta deberá llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial para el suelo, vegetación y fauna, la degradación del paisaje, las contaminaciones del aire y las aguas y, en general, todo lo que pueda atentar contra el ser humano y el  ambiente que lo rodea.

El Capítulo Tercero, se refiere al aprovechamiento de recursos; en ese sentido los propietarios de los desechos podrán realizar directamente su aprovechamiento o ceder sus derechos a terceras personas, ambos requieren de un permiso de la Delegación Provincial, del Ministerio de Industria y en caso de que el solicitante no sea el dueño de los desechos, deberá para la obtención de su permiso acreditar su derecho a la disponibilidad de aquellos.

En el Capítulo Cuarto, se confiere a los Departamentos Ministeriales la misión de impulsar los estudios necesarios para el tratamiento de los desechos sólidos con la finalidad de implantar sistemas adecuados para su eliminación como el aprovechamiento racional de los recursos.

Se le concede a la Administración Central la facultad de elaborar un Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos que será aprobado por el gobierno mediante Real Decreto y el mismo deberá contener los objetivos que se han de desarrollar, el plazo para su realización y disponibilidad económica para ello.

En el Capítulo Quinto se establecen las sanciones y recursos para los infractores de la ley, sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades  civiles y penales.

2. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, LEY  No. 7314 GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 21 de julio de 2000[ii].

La Ley General de Residuos Sólidos de Perú, hace parte también de la nueva legislación sobre esta materia que se está implantando en toda América Latina. Por tanto, desde el punto de vista conceptual y regulaciones, es bastante semejante a las estudiadas anteriormente.

Sin embargo, esta Ley incluye aspectos novedosos, especialmente en lo relacionado con la operación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.

El enfoque es “privatizador”, como veremos a continuación:

“Artículo 26.- Fomento de la participación privada.

El Estado prioriza la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, del ámbito de la gestión municipal y no municipal, bajo criterios empresariales y de sostenibilidad de la prestación, eficiencia, calidad, continuidad y la mayor cobertura de los servicios, así como de prevención de impactos sanitarios y ambientales negativos.

Artículo 27.- Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos

27.1 La prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), constituidas prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado. Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos sólidos, las EPS-RS deberán estar debidamente registradas en el Ministerio de Salud y deberán contar con un ingeniero sanitario colegiado calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las prestaciones. Las EPS-RS deberán contar con equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan”

Este aspecto es muy importante para Panamá, pues la transferencia de los servicios de aseo por parte de los municipios, al sector privado, se ha realizado sin que exista una normativa específica.

La Ley peruana otorga a los municipios dos funciones principales: a) planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional; y b) regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su jurisdicción.

En Panamá, en cambio la planificación es realizada actualmente a las empresas concesionarias y los Municipios carecen de sistemas de regulación y fiscalización.

3. LA LEY NO 1.854 “BASURA CERO”, PROMULGADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN ENERO DE 2006 Y REGLAMENTADA EN MAYO DE 2007[iii].

En su artículo 2, la Ley define el concepto de “basura cero”:

“Se entiende como concepto de “Basura Cero”, en el marco de esta norma, el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado”.

Para el logro de este objetivo la Ley garantiza una gestión integral de residuos sólidos urbanos entendiéndose por ello al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para la administración de un sistema que comprende, generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la generación.

Una de las características destacables en esta Ley es que incluye en su articulado, metas de cumplimiento como se observa a continuación:

“Artículo 6º. A los efectos del debido cumplimiento del art. 2º de la presente ley, la autoridad de aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”.

Además, la Ley prohíbe “ la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía”.  Esta es una disposición de urgencia notoria para Panamá, pues la quema de residuos a cielo abierto es sin duda el principal problema ambiental.

La Ley también obliga a los generadores (incluso los importadores) a separar los residuos en la fuente y entregarlos de esa manera al sistema de recolección y transporte, y asumir el costo por la eliminación de los residuos no reciclables.

“Articulo 14 – El generador de residuos sólidos urbanos debe realizar la separación en origen y adoptar las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que genere. Dicha separación debe ser de manera tal que los residuos pasibles de ser reciclados, reutilizados o reducidos queden distribuidos en diferentes recipientes o contenedores, para su recolección diferenciada y posterior clasificación y procesamiento.
Artículo 15 – El productor, importador o distribuidor debe cargar con el costo de recolección y eliminación segura de aquellos envases, productos y embalajes que no puedan ser reutilizados, reciclados o compostados, por lo que se extiende su responsabilidad hasta la disposición final de los mismos conforme al artículo 9° de la presente”.

También se impulsa la participación del sector informal de recuperadores, mediante el apoyo financiero a las Pequeñas y Medianas Empresas y Cooperativas:

“Artículo 44 – La Ciudad adoptará las medidas necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME). Dichos créditos y subsidios tendrán como único destino la adquisición de bienes de capital dirigidos al objeto principal de su actividad de acuerdo a lo que determine la Ley de Presupuesto”.

El Artículo 52 garantiza el financiamiento, indicando que “Los gastos que demande la aplicación de la presente ley durante el Ejercicio 2006 serán imputados a las partidas previstas para tal fin”.

4.Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México. “LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS”. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003[iv].

Esta es una ley considerada por los expertos internacionales como un “modelo” a seguir.

Su objetivo es (Articulo 1):

“…garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación…”.

Los conceptos clave son entonces: prevenir la generación de los residuos sólidos, para lo cual se requiere introducir nuevos patrones productivos y de consumo; valorizar los residuos (dar un aprovechamiento productivo, mediante el reciclaje, el reuso) y dar un enfoque integral a la gestión de los residuos (“de la cuna a la sepultura”).

Los siguientes principios de la Ley son generalmente polémicos en el entorno empresarial:

“IV. Corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños;”

V. La responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno (Federación, Entidades Federativas, Municipios, G.G.) es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible”.

La Ley transfiere a los generadores, en especial a los empresarios, una gran parte de la responsabilidad, lo cual implica costos adicionales, los cuales no siempre son aceptados.

Señalamos como principales las siguientes competencias que la Ley otorga a los Municipios:

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes;

III. Controlar los residuos sólidos urbanos;

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

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IX. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y

IV. La imposición de las sanciones aplicables, relacionadas con los actos a los que se refiere este Artículo”.

Estas competencias han correspondido históricamente a los Municipios y se mantienen e incluso fortalecen, en el contexto de las nuevas leyes integrales para el manejo de los residuos sólidos.

Una vez establecidas las competencias y coordinación, la Ley procede a establecer la clasificación de los residuos sólidos. Esta clasificación, obviamente, responde  las características económicas de México, el cual posee una importante base industrial.

Los residuos sólidos se clasifican de tres maneras: peligrosos, urbanos y de manejo especial. Los residuos especiales son:

  • rocas o productos de su descomposición generados en la construcción, y residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; residuos de servicios de salud y centros de investigación en salud;
  • residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades;
  • residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;
  • lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;
  • residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes;
  • residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico.
  • Por otra parte, la clasificación de un residuo como peligroso, “se establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo” (Artículo 16).  La responsabilidad por los residuos peligrosos corresponde a la Secretaría ya mencionada.

El artículo 21 establece criterios para caracterizar los residuos peligrosos:

“III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos contenidos en ellos;

IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de abastecimiento;

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de bioacumulación”.

Esta disposición es muy importante, pues la ley establece un procedimiento para definir los residuos peligrosos y no incluye una lista taxativa, lo cual obligaría a continuas modificación al texto legal, en la medida del desarrollo de la estructura productiva y los avances científicos y tecnológicos.

El Título IV de la Ley establece  4 instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los residuos, a saber: a) Programas para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; b) Planes de Manejo; c) la Participación Social y d) el Derecho a la Información.

a)     Programas para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabora un Programa Nacional. El principal componente de este Programa es el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, un estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos integralmente (Art. 25).

Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad  con la Ley y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos (Art. 26).

Los componentes de los Programas son:

  • Un diagnóstico que  precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios.
  • La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
  • La definición de objetivos y metas, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento.
  • Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas.
  • Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes, a fin de crear sinergias. Y,
  • La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría.

b)     Los Planes de Manejo.

El Artículo 28. Indica que estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo:

  • Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos.
  • Los generadores de residuos peligrosos.
  • Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo.

Estos Planes de Manejo incluyen los siguientes aspectos:
Artículo 29.- Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda;

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y

IV.  Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución”.

 c)      La Participación Social.

El Artículo 35 indica que el  Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios,” en la esfera de su competencia”, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos”. Para los efectos se establecen las siguientes disposiciones:

I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas correspondientes, así

como para prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación;

II. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de residuos;

III. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en la materia objeto de la presente Ley;

IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de las acciones de prevención y gestión integral de los residuos;

V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en materia de prevención y gestión integral de los residuos;

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, y

VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas”.

Hemos insertado esta extensa cita, porque precisamente la carencia de mecanismos de participación social en Panamá, es un factor clave para el surgimiento continuo de conflictos entre las comunidades y las autoridades gubernamentales y municipales, en torno a decisiones importantes.

Un ejemplo es la oposición generalizada de las comunidades a la construcción de rellenos sanitarios – aun cuando de se trata de una tecnología ambientalmente adecuada -, debido a la falta de participación. En los últimos años han proliferado cierre de calles y hasta confrontaciones con la policía de comunidades que carecen de información y que se encuentran frente a situaciones de hecho.

d)     El Derecho a la Información.

El  Artículo 39 establece que los tres órdenes de gobierno elaborarán, actualizarán y difundirán los inventarios de generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.

“Además, integrarán inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada entidad, en los cuales se asienten datos acerca de su ubicación, el origen, características y otros elementos de información que sean útiles a las autoridades, para desarrollar medidas tendientes a evitar o reducir riesgos. La integración de inventarios se sustentará en criterios, métodos y sistemas informáticos, previamente acordados, estandarizados y difundidos”.

5.  COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Originalmente denominado: Ley General de Residuos), Expediente No. 15.897, DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME, 11  de setiembre  de 2008[v].

Este Proyecto de Ley que ha recibido el respaldo unánime en la Comisión Permanente Especial de Ambiente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se justifica con argumentos que son aplicables a la realidad panameña:

 “El Estado ha asumido por muchos años la responsabilidad por la recolección, manejo y disposición final de los residuos, responsabilidad que ha recaído básicamente en los municipios, a los cuales no se ha dotado de una normativa específica, técnica, económica y ambientalmente adecuada para poder hacer frente al problema aquí planteado.  Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo ha decretado varios reglamentos para hacer frente a temas específicos, como lo son los rellenos sanitarios, residuos peligrosos, manejo de basuras, etc … consideramos importante que el país cuente con una ley general de residuos que venga desarrollar los principios contenidos en la normativa internacional que ha sido ratificada por nuestro país; que  integre la normativa que hoy se encuentra dispersa y la actualice en términos técnicos, científicos y económicos; que integre principios modernos de responsabilidad ambiental, civil y penal y aclare las inconsistencias actuales en materia de competencia institucional”.

El nuevo enfoque técnico, institucional y jurídico de la gestión de los residuos sólidos queda expresado en el artículo 1 de la Ley:

“ARTÍCULO 1.-

Esta Ley tiene por objeto:

a) El desplazamiento de la responsabilidad por el manejo y gestión de los residuos desde el Estado hacia el generador, productor y consumidor.

b)  La valorización y la gestión integral de los residuos.

c)  El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

d) La prevención y minimización de la generación de los residuos, estableciendo el régimen jurídico de su producción y gestión, fomentando por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como el ciclo de vida de los bienes de consumo”.

Todos estos objetivos tienen como fundamento los principios inspiradores del derecho ambiental a saber:  precautorio, el que contamina paga, el de responsabilidad extendida al productor, y el de responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades gubernamentales.

Un concepto sobresale en esta Ley: el de responsabilidad compartida.

“Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos  ordinarios y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y del gobierno o las municipalidades según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social”.

Otro aspecto avanzado de esta Ley es que introduce una Título dedicado específicamente a los suelos contaminados y su remediación.  En su Articulo 48 se indica que cada municipalidad siguiendo los lineamientos brindados por la Ley y los dados para cada caso específico por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica,

“… declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados debido a la presencia de componentes de carácter peligroso, evaluando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”.

Una disposición de esta índole es de urgente necesidad para Panamá pues existen al menos 70 vertederos municipales a cielo abierto que durante muchos años han contaminado suelos localizados en la cercanía.  A esto debemos sumar una cantidad no determinada de vertederos ilegales y los denominados “pataconcitos” que constituyen peligrosos focos de contaminación.


[iii] En URL: http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/09478. Leído el 1 agosto de 2008.
[iv] En URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf, Leído el 16 de septiembre de 2008.

[v] URL: www.sise.co.cr/normativa/15897-Ley%20general%20de%20residuos.doc.. Leido el 23 de septiembre de 2008.

 


Propuesta para una Ley General de Residuos Sólidos de Panamá

marzo 30, 2013

Francisco Rivas Ríos

El incendio de Cerro Patacón en el mes de marzo de 2013, el principal vertedero del país, en donde se depositan entre 1200 y 1500 toneladas de residuos sólidos procedentes de la Ciudad Capital y el Distrito de San Miguelito, colocó de nuevo sobre el tapete la necesidad de contar con una legislación actualizada en el manejo de estos residuos. El Ministro de Salud ha informado que se preparara un Proyecto de Ley sobre el tema el cual, previo al aprobación por el Consejo de Gabinete, será enviado a la Asamblea Nacional de Diputados para su conocimiento y eventual aprobación.

 No se trata por cierto, de la primera iniciativa.  El Ministerio de Salud anteriormente preparó el Proyecto de Ley No. 225 “Que Establece Disposiciones Sobre el Servicio de Aseo y el Marco Regulatorio e Institucional para la Gestión Integral de los Residuos y Dicta Otras Disposiciones”, presentado por el Ministro de Salud a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, el miércoles 28 de junio de 2006. La propuesta finalmente no logró materializarse.

 El proceso se vio truncado cuando, en el marco de la ruptura política de la alianza gobernante, el Gobierno decidió despojar a los municipios de su responsabilidad histórica en el manejo de los residuos sólidos, transfiriéndola a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La AAUD fue creada mediante la Ley 51 “Que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones para la eficacia de su gestión” (Gaceta Oficial 26631-A), de fecha 29 de septiembre de 2010. El articulo 2 atribuye dos propósitos a la AAUD, uno operacional y otro de diseño de políticas para el sector:

a) “… la administración, dirección, planificación, operación, explotación, aprovechamiento, investigación, inspección y fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario y de los rellenos sanitarios”.

b) “Además, estará encargada de la gestión integral de los residuos sólidos para su manejo, explotación, aprovechamiento y disposición final, en desarrollo de una política de residuos como directriz para la prevención y control de la contaminación del ambiente, a fin de garantizar la protección de la salud pública”.

La pregunta obvia es: ¿está en capacidad el Poder Ejecutivo de Panamá para asumir directamente la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en 75 municipios del país?. La respuesta es no. Por esta razón, se incluyó el siguiente artículo:

“Artículo 3. La Autoridad brindará el servicio de recolección de los residuos sólidos inicialmente en el distrito de Panamá y, hasta que se establezca en la región correspondiente, los municipios continuarán prestando los servicios en lo que respecta al manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios” (Subrayados nuestros).

Es decir, parece claro que la Ley – a pesar de tener un alcance nacional –en realidad se enfoca en el Distrito Capital y su propósito fue restarle protagonismo político a un alcalde considerado adversario del Gobierno, el cual paradójicamente terminaría renunciando. La inutilidad de la ley que creo AAUD obliga ahora al Ministerio de Salud (MINSA) a preparar una ley mas integral.

(Un artículo nuestro que presenta la evolución institucional y legal del sector de residuos sólidos de Panamá puede consultarse en en este Blog: http://apronadpanama.wordpress.com/2010/03/25/marco-juridico-de-los-residuos-solidos-en-panama/ ).

A continuación la propuesta que hemos preparado para la elaboración y aprobación de la “Ley General de Residuos Sólidos de Panamá”, presentada en forma resumida. Como una contribución al debate, esperamos, que sobrevendrá en los próximos meses.

 METODOLOGÍA

 Proponemos la creación de un Comité Nacional ampliamente representativo para colaborar con el Ministerio de Salud y la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados, en la elaboración del texto. En el Comité deberían participar representantes de las instituciones gubernamentales, el sector municipal, el sector académico, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil. Cualquier intento por imponer un texto legislativo, conducirá a la perdida de legitimidad ante la sociedad civil y el sector empresarial.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY PROPUESTO

 El Proyecto de Ley se organizaría en 4 Títulos:

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

En este título se incluirán Capítulos relacionados con:

    1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley:

Tendrían como fundamento los principios inspiradores del derecho ambiental a saber:  precautorio, el que contamina paga, el de responsabilidad extendida al productor, y el de responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades gubernamentales.

    2.  Definiciones.

No pretendemos ser exhaustivos, pero el Capítulo correspondiente debería incorporar definiciones hasta ahora ausentes en la normativa ambiental panameña:

Aprovechamiento de los residuos:  conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía.

Manejo integral:  las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

Plan de manejo:  instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos ordinarios, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda.

Principio responsabilidad compartida:  principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos  ordinarios y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y del gobierno o las municipalidades según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Remediación: conjunto de medidas a las que se someten los suelos contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente.

    3. Organización administrativa.

El Capítulo correspondiente establecería la distribución de competencias y coordinación interinstitucional, con referencia especial al Ministerio de Salud (MINSA), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y los municipios.

 TÍTULO II:  HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

Este Título incluiría Capítulos relacionados con:

La Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. El Plan Nacional. Planes Municipales. Planes Sectoriales por Tipo de Residuo (Peligrosos, Especiales, Urbanos). Planes de Manejo Integral. Fiscalización de los Planes.

Información y Educación. Sistema Nacional de Información. Acceso a la información. Programa Nacional de Educación.

Promoción de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Disposiciones para el fomento de la gestión integral de los residuos sólidos. Herramientas específicas Incentivos a generadores. Medidas especiales para minimizar la generación de los residuos sólidos. Participación ciudadana.

Las obligaciones del Estado. Presupuestos. Sistemas de Gestión Ambiental. Compras del Estado (promover la compra y utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables).

Fondo para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Constitución de los recursos. Manejo del Fondo.

TITULO III: GESTIÓN DE RESIDUOS.

Licencias y permisos. Evaluación de impacto ambiental. Registro de gestores por parte de las personas físicas o jurídicas que se dedican total o parcialmente a la gestión de los residuos sólidos.

Movimientos transfronterizos de residuos. Convenios internacionales. Importación. Exenciones. Tráfico ilícito. Inspección de aduanas. Repatriación.

Generación de los Residuos. Obligaciones de los generadores. Propiedad de los residuos. Responsabilidad extendida del productor. Residuos de manejo especial.

Residuos peligrosos. Responsabilidad. Obligaciones.

Sitios contaminados. Prevención. Remediación.

 TÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES.

Prohibiciones.

Sanciones administrativas. Principios de legalidad y el debido proceso. Actuación indebida de los funcionarios. Inspecciones. Cancelación de permisos y licencias.

De los delitos. Tráfico ilícito. Disposición ilegal. Responsabilidad por daños y perjuicios ambientales.


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