Panamá: ONGs ambientalistas aceptan el reto de participar en proceso de reformas a la Constitución (actualizado)

agosto 19, 2011

Francisco Rivas.

Un sector de ONGs panameñas ambientalistas, cuyo número se incrementa día a día, luego de un debate interno, aceptó el reto de participar en la Mesa de Concertación Nacional realizando propuestas de modificación a la Constitución Política, enfocadas en el “Titulo III: Derechos y Deberes Individuales y Sociales”, “Capítulo 7o Régimen Ecológico”, “Capitulo 8º. Regimen Agrario”. Tambien se hacen propuestas al “Título IX.  La Hacienda Pública”. “Capítulo 1º. Bienes y Derechos del Estado”. Estas propuestas, aun cuando se encuentran bastante consensuadas, podrían ser modificadas por las ONGs a última hora.

Este agrupamiento de ONGs actúa de acuerdo a los principios de la incidencia política, la cual ha sido definida por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como “el conjunto de actividades que desarrolla una organización de la sociedad civil con el propósito de lograr cambios en las decisiones y políticas de las instituciones del sector público y en la legislación relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente”.

Las propuestas de las ONGs se presentan a continuación:

Título III

Capítulo 7º. Ecología y Ambiente.

Se suprime la palabra Régimen del título del capítulo y se propone de título “Ecología y Ambiente”.

Se añaden los siguientes artículos:

Art. 121B. Todos los habitantes tienen derecho a participar, individual o colectivamente, en las decisiones que puedan afectar un ambiente sano, respetando su cultura y tradiciones y la Ley garantizará su cumplimiento.

Sustentación

Esta propuesta responde al Principio 10, de la Declaración de Río: Acceso a la información y participación en la toma de decisiones en materia ambiental.  Este principio contempla que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.

El Principio 10 está conformado por tres derechos de carácter instrumental: el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental.

El concepto actual de democracia implica no solo la representación a través de las instituciones políticas sino una verdadera representación del ciudadano en el entorno social, así como también la consideración del individuo tanto en el momento electoral como en el momento decisional.

Art 119. El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas, garantizando la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas marinos y terrestres y las áreas protegidas.

Sustentación

Los ecosistemas naturales proveen a la sociedad de muchos servicios esenciales para la sobrevivencia del ser humano, como la conservación de la biodiversidad, la provisión de agua y la purificación de la misma, estabilización del clima, control de enfermedades, polinización (beneficio para el agro), entre otros.

Los Acuerdos de Concertación establecen en su objetivo 1.5, derecho a un ambiente sano, “garantizar un equilibrio entre el medio ambiente, el ser humano y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.”

Este artículo responde a los derechos de TERCERA GENERACION: LOS DERECHOS DE LA SOLIDARIDAD que incluyen que toda persona tiene que NACER Y VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO. Los beneficios que brindan la diversidad de especies y los servicios ambientales que nos brindan los distintos  ecosistemas deben ser salvaguardados. Las áreas protegidas y la protección de hábitats terrestres y costero-marinos juegan un papel preponderante para garantizar el derecho a un ambiente sano.

Art. 121F. Se prohíbe la fabricación, importación, compra venta, posesión, tránsito y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como de residuos nucleares, desechos tóxicos y materiales radioactivos en todo el territorio nacional, excepto para propósitos medicinales y técnico-científicos aprobados por la autoridad competente.

Art. 121G. Se prohíbe la importación, venta y uso de pesticidas, plaguicidas y otras sustancias tóxicas que estén prohibidas por lo menos en un país de economía de alto ingreso, independientemente de que esté aprobado su uso en países donde lo fabrican.

Sustentación

Esta propuesta se ajusta a la obligación internacional de garantizar los derechos humanos a la vida, a la salud y a un ambiente sano, prevista por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, los cuales son de obligatorio acatamiento conforme al artículo 4 de la Constitución.

También se ajusta al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, que no impide prohibir el tránsito de determinados tipos de carga por razones de seguridad en la navegación, e incluso por la gravedad del daño que pudieran causar al país y los perjuicios a la salud humana, a los bienes y al ambiente natural, siempre y cuando no se discrimine a ninguna nave en atención a su pabellón.

Se ajusta también a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya que el Golfo de Panamá constituye aguas interiores por haber sido declarado Bahía Histórica, por lo que el derecho de paso inocente por el mar territorial no se aplica al mismo.

El tránsito de materiales radioactivos, residuos nucleares y desechos tóxicos por el territorio de la República implica un gravísimo riesgo para su población, su ambiente y su economía, sobre todo considerando que la ruta de tránsito atraviesa el área más densamente poblada, donde se encuentran las fuentes de agua para consumo humano de las principales ciudades del país, ecosistemas importantes y donde ocurren las principales actividades productivas del país. El tránsito de material radioactivo y radiotóxico impone el riesgo sobre el Istmo de Panamá y la región en general, de que ocurra un accidente nuclear con efectos impredecibles.

El Tribunal Latinoamericano del Agua declaró en 2006 que el Gobierno de Panamá es responsable de no haber prohibido en Panamá el tránsito de barcos con materiales altamente radioactivos, como se lo demandó el Tribunal Centroamericano del Agua en 2004. Reiteró también la demanda del Tribunal Centroamericano del Agua para que el Gobierno de Panamá tome medidas para el cese total del tránsito de material altamente radioactivo a fin de evitar una catástrofe.

A pesar de su importancia para el país, el tema de las sustancias y residuos peligrosos y tóxicos ha merecido escasa atención.

1. La presencia de sustancias peligrosas y tóxicas en el ambiente tienen un en efecto devastador sobre la salud humana, especialmente por su incidencia en las enfermedades crónicas y degenerativas (ejemplo, contribuyen a la aparición de enfermedades respiratorias como la bronquitis, enfisema y cáncer, por medio de la contaminación del aire, y también puede afectar el corazón y el sistema circulatorio).

  • Los contaminantes emitidos por las emisiones las quemas a cielo abierto (lo cual es una práctica extendida en el país) se depositan en el suelo y son asimilados por los tejidos de las plantas de cultivo. Los mayores índices de exposición corresponden a aquellos cultivos en los que la parte comestible queda expuesta; incluso después de un buen lavado, una cantidad importante entre el 15 y 50 % permanece adherida.
  • La contaminación del agua afecta, principalmente el pescado; la bioacumulación de TCDD (Tetracloro dibenzodioxina) en los peces supera hasta 159,000 veces las concentraciones existentes en el entorno acuático en que habitan.
  • Tras su administración en la dieta o la ingestión de suelos contaminados, el ganado vacuno de leche y carne acumula niveles importantes de TCDD y otros compuestos.

1. La debilidad de los mecanismos institucionales y legales en materia ambiental, ha facilitado el ingreso de productos y sustancias que contienen contaminantes orgánicos persistentes (COPs). Por ejemplo, entre los años 2003 a 2007 ingresaron procedentes de Costa Rica aproximadamente 17,237 toneladas de residuos usados contaminados con PCB (bifenilos policlorados) y otras sustancias tóxicas, con un valor cercano a $USA 11.4 millones.  Panamá pagó esta suma por aceites contaminados que las autoridades costarricenses incluyeron en el rubro de “prohibición para importar”. Costa Rica se deshizo de de sustancias peligrosas, costosas de eliminar y, además, obtuvo jugosos beneficios económicos de parte de Panamá. No obstante, esta actividad comercial no apareció registrada en las estadísticas panameñas.

2. Se permite aún en Panamá la importación de transformadores de dieléctrico líquido contaminado con PCB (con excepción de los equipos a nivel de suelo) y no existe ninguna regulación sobre las aplicaciones abiertas y semicerradas.

3. Otro problema crítico lo constituye la inadecuada disposición final de los residuos peligrosos (incluyendo plaguicidas obsoletos y sus envases, así como aguas residuales contaminadas con PCB),  los cuales son depositados en 76 vertederos municipales a cielo abierto localizados en todo el territorio nacional, para ser quemados con el resto de la basura o quemados en los patios de las viviendas.

4. Elevar este tema a rango constitucional proporcionaría a los tomadores de decisión, un fuerte mandato y contribuiría a crear un marco institucional eficaz.  Si bien Panamá ha ratificado Convenios Internacionales (Basilea, Rotterdam, Estocolmo y otros) destinados a la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas peligrosas, el país carece de mecanismos para ejercer un control y fiscalización a la importación, almacenamiento, transporte y utilización de dichas sustancias. Resulta notable la resistencia de los interesados directos a aceptar y participar de las medidas de implementación de los Convenios y Leyes.

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