Panamá: Posición de Organizaciones de la Sociedad Civil ante Río + 20.

junio 20, 2012

Ciudad de Panamá, 20 de junio de 2012.

Panamá es la franja más angosta del Continente Americano, conecta el comercio internacional, es puente entre la biodiversidad del hemisferio Norte y Sur, y alberga una diversidad étnica y cultural significativa. Sin embargo hoy el país enfrenta grandes retos ambientales, sociales y económicos para lograr el desarrollo sostenible, tal como fue concebido por la Agenda 21 en la Cumbre de la Tierra de 1992, adscrita por la República de Panamá. El crecimiento económico y el desarrollo son metas deseables por todos, pero para que éstos sean sostenibles en Panamá, se requiere que las autoridades reconozcan y tomen medidas frente a los riesgos ambientales, partiendo de enfoques basados en la capacidad de nuestros ecosistemas para sustentar el desarrollo. Para ello, es necesario estimular la creación de los puentes de diálogo con la sociedad civil que ha demostrado su compromiso con un modelo de participación activa y propositiva en resguardo de los valores ambientales, históricos, culturales. Sin embargo en Panamá es particularmente grave la falta de espacios de participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan el desarrollo sostenible; una muestra de ello es  el planteamiento inconsulto y por ende no conciliado que hace el Gobierno de Panamá ante la comunidad internacional en el contexto de la Cumbre de Desarrollo Sostenible (Río+20).

Una gestión ambiental en retroceso en momentos en que un caótico crecimiento económico genera nuevas y múltiples presiones sobre los recursos naturales de Panamá, lejos de ser sostenible, pone en peligro a la población y los ricos recursos hídricos, paisajes, ecosistemas y biodiversidad que caracterizan  al país.  A continuación se listan hechos que demuestran fehacientemente la política del actual Gobierno de Panamá contraria a los preceptos del desarrollo sostenible.

Retroceso de la gestión y normativa ambiental. Acciones que hablan más alto que declaraciones oficiales demuestran la violación del principio de no regresión en materia ambiental y de derechos humanos por la actual administración panameña.  Hechos concretos son: los intentos de flexibilizar los Estudios de Impacto Ambiental; la reducción de  los estándares de calidad de agua; el desmejoramiento de legislación ambiental que protege los ecosistemas de humedales, en particular las normas para la tala de manglares, atentando contra el compromiso internacional asumido por Panamá ante la Convención Ramsar;  las recientes modificaciones al Código Minero y los intentos por imponer la explotación minera metálica en zona comarcal indígena en contra de su propio marco jurídico y del deseo de su población.  El retroceso también se refleja en decisiones adoptadas por el Órgano Judicial, a través de recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia que suspenden el estatus de dos importantes áreas protegidas, siendo el caso más reciente la suspensión del área protegida “Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá”, también declarada Sitio Ramsar, dando paso a que se tale, desequen y rellenen zonas de manglar.

Rechazo del enfoque de derechos.  El justo e intenso reclamo de pueblos originarios, particularmente de los Ngäbes y Buglés, por proteger sus recursos naturales ante el avance incontenible de las exploraciones y explotaciones mineras de gran escala en áreas de importancia y fragilidad ecológica. Un alto precio ha tenido que pagar Panamá por la irreparable pérdida de vidas humanas en defensa de la protección de sus recursos naturales provocada por la imposición y el irrespeto de los derechos humanos.  Las disputas por tierras y recursos maderables entre colonos e indígenas, los casos de conflictos por la tierra en zonas costeras, muestran la inadecuada gestión y ordenamiento del territorio, así como la negligencia gubernamental para cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental

Desconocimiento de las designaciones internacionales en resguardo del patrimonio natural e histórico.  Las decisiones del Gobierno desatienden de manera abierta y arbitraria designaciones y recomendaciones sobre Sitios de Importancia Natural e Histórica realizadas por la UNESCO.   Están en riesgo sitios categorizados como Reservas de la Biósfera (La Reserva de la Cordillera de Talamanca – La Amistad y Darién); Sitios de Patrimonio Mundial Natural (como el Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Darién y el Parque Nacional Coiba y su zona especial de protección marina).  Sitios de Patrimonio Cultural como las Fortificaciones de la Costa Caribeña de Portobelo y San Lorenzo han sido objeto del más absoluto abandono por parte de la Administración actual. Reconocida a nivel internacional es la amenaza actual sobre el Casco Viejo Histórico de Panamá ante la construcción de megaproyectos de vialidad e infraestructura, en franca desatención de los más básicos valores históricos, culturales y éticos del país.

Arremetida contra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las áreas costeras para promover el desarrollo no planificado de gran escala. El caso de la suspensión más reciente del área protegida “Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá”, también declarada Sitio Ramsar, deja claro que los tomadores de decisión abren la puerta para la tala y destrucción de manglares que sustentan pesquerías de valor social y económico. De esa forma propician la proliferación de nuevos rellenos sobre áreas inundables que aumentarán la vulnerabilidad y el riesgo a desastres de buena parte de la ciudad capital, exacerbando los inminentes impactos del cambio climático.  Este actuar atenta contra el compromiso internacional asumido por Panamá ante la Convención Ramsar, Convención de Especies Migratorias, la Convención de Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, poniendo en peligro un sitio de importancia Hemisférica por albergar una riquísima biodiversidad, entre la que se destaca la presencia anual de  alrededor de dos millones de aves playeras migratorias provenientes de los hemisferios Sur y Norte en temporada invernal. Igualmente, la suspensión del estatus del Área Protegida de Donoso en el Caribe, deja expuestos a la especulación y al desarrollo minero bosques primarios que son eslabones claves del Corredor Biológico Mesoamericano. Todo lo anterior atenta contra la seguridad jurídica, ecológica, social y económica de Panamá.

Por estas razones la sociedad civil de Panamá exige al Gobierno de Panamá el cumplimiento del principio precautorio ignorado en los rellenos que se están realizando en los humedales, en las concesiones mineras otorgadas que afectan importantes bosques primarios y secundarios ricos en biodiversidad, y en la inadecuada gestión y ordenamiento territorial.  Hacemos un llamado a los acuerdos internacionales como la Convención Ramsar, la Convención de Especies Migratorias, la Convención de Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mismos que se están incumpliendo, para que emitan conceptos de la situación ambiental panameña, asesoren a las autoridades para rectificar las políticas, normas y medidas que están atentando contra el desarrollo sostenible y para que apoyen a la sociedad civil panameña a establecer nuevamente canales de diálogo y participación efectivos para una gestión ambiental integral.  En virtud de lo anterior, los abajo suscritos, miembros de la sociedad civil panameña, expresamos nuestro repudio a la actual política del gobierno panameño de relegar el anhelado desarrollo sostenible al mercantilismo a ultranza, vulnerando el derecho a un Ambiente Sano consagrado en la Constitución Política de Panamá, en las Convenciones y Acuerdos internacionales suscritos por el Estado, incluyendo los Acuerdos de la Cumbre de Río de 1992 y los Principios de Río.

SUSCRIBEN:  ANCON, Sociedad Audubon de Panamá, Alianza Pro Ciudad, Alianza por un Mejor Darién, Alcalde de Soná- Faustino Camaño, Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, CEASPA, CIAM, Congreso General Embera Wounaan  de la Comarca Emberá, Empresa Forestal del Río Tupiza, Empresa Bálsamo de Marragantí, Empresa Fotrestal de Bajo Chiquito, Federación de Clubes de Jardinería de Panamá, Colectivo Voces Ecológicas, FAS Panamá, FUNDESPA, Fundación MarViva, GITEC, Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre,Panamá Verde, PASOS, Periódico Ambiental Génesis, PROMAR, Red Panameña de Afectados por Hidroeléctricas y Minas, Red de Periodistas Agro Ambientales de Panamá, REDPA, Tejedores de Comunicación Alternativa, TNC, Visión Empresarial

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