Cop21: las tareas pendientes de Panamá

noviembre 28, 2015

Francisco Rivas Rivas.
apronad@gmail.com
https://www.facebook.com/apronadpanama/

Resumen.

El Gobierno de Panamá ha tomado en serio la participación en la Cumbre sobre Cambio Climático a realizarse en Paris, Francia (COP21), en 215. Se espera que esta Cumbre defina un compromiso vinculante y definitivo para la reducción de los gases de efecto invernadero a partir del año 2020, incluidas las grandes potencias. Recordemos que hasta esa fecha durará el aplazamiento que, desde la COP de Copenhague, se hizo al Protocolo de Kyoto, el cual marcaba un recorte en las emisiones de CO 2 del 15 % para los países firmantes con respecto a lo emitido en 1990.

El esfuerzo de Panamá para contribuir a alcanzar los compromisos en la COP21 es remarcable por dos situaciones: su economía es de comercio y servicios, por lo cual las preocupaciones ambientales carecen del peso específico de las “economías reales”; además, el tamaño de su economía y población no inciden en forma significativa en el cambio climático global.

A pesar de lo señalado, Panamá muestra retrasos significativos en el cumplimiento de Convenios internacionales relacionados directa o indirectamente con el Cambio Climático.

Pendiente la ratificación del Convenio 169, OIT, sobre pueblos indígenas. 

En la República de Panamá existen 7 Pueblos Indígenas: los Ngäbe, los Buglé, los Guna, los Emberá, los Wounaan, los Naso y los Bri-Bri, y 5 Comarcas: Ngäbe-Buglé, Emberá – Wounaan, Guna Yala, Guna de Wargandí y Guna de Madugandí.

Se estima que 285,231 habitantes son indígenas, representando el 10% de la población nacional. Cerca del 50% de la población indígena se ha desplazado hacia tres polos de atracción: el Área Metropolitana de Panamá y Colón; el área fronteriza con Costa Rica (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas) y áreas del Darién. Esto responde a la deteriorada situación económica y social, pues si el porcentaje nacional de habitantes en situación de pobreza extrema es del 26.5% en la Comarca Kuna de Kuna Yala es 82.4%, en la Comarca Kuna de Wargandí 60.3%, en la Comarca Kuna de Madugandí 63.1%, en la Comarca Emberá – Wounaan 78.6% y la Comarca Ngäbe-Buglé 93.4%.

En el último quinquenio las Comarcas Indígenas han despertado el interés de empresarios nacionales e internacionales, para el desarrollo de grandes proyectos mineros (cobre, oro), hidroeléctricos, infraestructura hotelera, etc., lo cual ha provocado graves conflictos con la población indígena y sus autoridades locales. Las Comarcas se han convertido en reservas naturales que podrían sufrir daños irreparables (deforestación, destrucción de las cuencas hidrográficas), con impactos negativos en el cambio climático.

En 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). El Convenio no ha sido ratificado por Panamá, a pesar de distintas gestiones realizadas en la Asamblea Nacional en los últimos años.

El Convenio 169 dispone, como principio general, que los pueblos indígenas tienen derecho «a los recursos naturales existentes en sus tierras», que comprenden el derecho a «participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos».

El Artículo 7 del Convenio núm. 169 dispone específicamente que los pueblos indígenas deberán «participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente».

Los derechos y preocupaciones de los pueblos indígenas y tribales han cobrado una importancia sin precedentes, ya que se insertan en el debate global sobre derechos humanos, gobernanza, reducción de la pobreza y desarrollo económico, economía social, cambio climático, desarrollo sostenible y protección ambiental.

La delegación panameña, por consiguiente, asiste a la COP21 con una deuda pendiente con los pueblos indígenas.

Retrasos en el cumplimiento del Convenio de Estocolmo: continúa la incineración de los residuos sólidos en el ámbito nacional.

Panamá participó en la Conferencia de Plenipotenciarios para el Convenio de Estocolmo Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), realizada en Estocolmo, del 22 al 23 de mayo de 2001; la Asamblea Nacional lo ratificó mediante la Ley No. 3 del 20 de enero de 20031, adquiriendo todas sus obligaciones y derechos, y entró en vigor el 17 de mayo de 2004.

El Convenio de Estocolmo se corresponde plenamente con la Ley General del Ambiente de Panamá, contiene disposiciones fundamentales en cuanto a la responsabilidad del Estado de normar, vigilar, controlar y regular todo lo relacionado con la salud humana y con la gestión de desechos y sustancias potencialmente peligrosas.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, con la práctica generalizada de la incineración de residuos a cielo abierto, continúa generando más del 80% de las dioxinas y furanos.

fotoquema

Otros retrasos, relacionados con el Convenio de Estocolmo, se relacionan con las disposiciones relacionadas con los PCB (bifenilos policlorados) y los plaguicidas COPs:

No existe prohibición de importación de equipos eléctricos con contenido de PCB (bifenilos policlorados) superior a los 50 ppm.

Las empresas de distribución eléctrica se encuentran realizando las tareas de identificar, etiquetar y retirar de uso equipos contaminados con PCB, como parte de una gestión ambientalmente racional (Producción Más Limpia). Sin embargo, no se tiene la certeza de que alcancen la meta de eliminar los PCBs en 2025, tampoco se alcanzó la meta de una gestión integral en la totalidad de sus equipos contaminados con PCBs superior a 0.005% en 2008.

Entidades gubernamentales y privadas no han desarrollado ninguna medida para la eliminación de los PCBs. Bajo las condiciones actuales es completamente improbable que estos sectores logren las metas establecidas para 2025.

No se ha logrado exigir la utilización de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de COPs en las nuevas construcciones.

Retrasos en la aplicación de Técnicas de Manejo Forestal Sostenible.

La superficie boscosa total de Panamá representa 46,800 Km2 (61.9%). El resto, 28,717 Km2 (38.1%) ha sido intervenidos y ya no cuentan con bosques.

De continuar esta tendencia, según las estimaciones de Miambiente, la cobertura boscosa de Panamá habría pasado del 87.7% en 1903 a 32.1. % en 2035, como se observa en el siguiente Gráfico:DeforestacionPty

Con el propósito de hacer frente a este problema el Gobierno Nacional impulsa el Programa la “Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas”, para recuperar las áreas degradadas en el país especialmente en áreas protegidas y cuencas críticas.

Los objetivos del Programa indicado son:

  • Mejorar la regulación hidrológica para enfrentar los cambios del clima, lo cual se manifestará con sequías más largas y lluvias más intensas.
  • Promover la reforestación con especies nativas.
  • Fortalecer la economía rural del país mediante el desarrollo de una actividad sostenible.
  • Mejorar la calidad del agua de los ríos al evitar la sedimentación.

Sin embargo, no se ha contemplado la aplicación de criterios para un manejo sostenible de los bosques:

  • Los sistemas de manejo deberán promover el desarrollo y la adopción de métodos no químicos para el manejo de las plagas, para no dañar el medio ambiente. Se prohibirán los pesticidas clasificados como de Tipos 1A y 1B por la Organización Mundial de la Salud (OMS); los pesticidas de hidrocarburos, y aquellos compuestos de cloro; pesticidas que son persistentes, tóxicos o cuyos derivados se mantienen biológicamente activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá del uso deseado; y cualquier pesticida prohibido por acuerdos internacionales..
  • Químicos, contenedores, desperdicios inorgánicos, líquidos y sólidos, incluyendo combustibles y lubricantes, deberán ser desechados de una manera ambientalmente apropiada en lugares fuera del sitio de trabajo.
  • Los desechos químicos, envases, desperdicios sólidos y líquidos producidos ya sea en las operaciones forestales o sitios de procesamiento, deberán ser eliminados de una manera ambientalmente sana y legal.
  • Definir e implementar los protocolos para el almacenamiento y uso adecuado de los productos químicos y los equipos utilizados, así como para el manejo de los desechos producidos durante la operación.

Resumen.

Panamá se ha comprometido a cumplir con los acuerdos y compromisos  que se deriven de la COP21 de París, Esto obligará a todos los sectores (gobierno, municipalidades organizaciones comunitarias, ONGs, empresarios) a establecer un acuerdo nacional.

El ámbito de aplicación/implementación del marco jurídico es reducido. Esto es atribuible a varios factores: a) los constantes cambios del personal técnico encargado de asumir el control y comando de las acciones, como resultado de los cambios de administración gubernamental cada 5 años; b) la débil coordinación interinstitucional; c) personal técnico que carece de los recursos presupuestarios y logísticos necesarios para realizar sus tareas; d) resistencia de los interesados directos a aceptar y participar de las medidas de implementación de los Convenios y Leyes; y e) escaso o ningún conocimiento de los grupos vulnerables en situación de riesgo acerca de la normativa que los protege.

Otros factores limitantes sobre la aplicación de la normativa en materia ambiental son: a) la responsabilidad ambiental se define como la compensación/reparación del daño causado o los perjuicios inferidos a consecuencia de actos u omisiones que ocasionen afectación ambiental. No se aplica el principio de precaución; b) la protección del ambiente y los recursos naturales tradicionalmente se ha concebido como una función de la administración pública, lo cual es una manifestación jurídica de la externalización de los costos ambientales; y c) la legislación ambiental continúa siendo de naturaleza predominantemente administrativa.

La arraigada cultura nacional (no únicamente empresarial) de externalización de costos ambientales se constituye en un factor limitante para implementar las medidas que se deriven del COP21, París y al mismo tiempo uno de los principales retos. Esta situación puede enfrentarse en el marco de alianzas estratégicas.

 

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