Archive for the 'Legislacion' Category

Proyecto de Ley Pago por Servicios Ambientales de Panamá

octubre 11, 2014

Francisco Rivas Rios.

El 4 de agosto de 2014, se presentó a consideración de la Comisión: Población, Ambiente y Desarrollo, de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, el Proyecto de Ley No.040, “Que Regula el Pago y Compensación por los Servicios Ambientales en la República de Panamá y se Dictan Otras Disposiciones”.

En la Exposición de Motivos se establece que el principal problema que atiende este Proyecto es la deforestación, indicando como vía de solución que “…las actividades de conservación (reforestación, protección y manejo de bosques), se conviertan en alternativas de producción económicamente viables y más rentables que las actividades tradicionales de uso de la tierra, que requieren la eliminación del bosque”. Se advierte que en el fundamento del Pago por Servicios Ambientales subyace la idea de que “El que conserva recibe compensación”.

Este Proyecto, que debería recibir el beneplácito de el sector empresarial, es cuestionada ahora por distintos sectores, encabezados por Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), los cuales manifiestan sentirse preocupados porque “el proyecto de Ley que busca crear nuevos costos a los agentes generadores de energía”.

Que es lo que se paga (beneficios)?.

El Articulo 4. define el Pago y Compensación por Servicios Ambientales, como un mecanismo de retribución monetaria o compensación flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación directa por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de los usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores.
Los pagos y compensación por servicios ambientales para los efectos de la presente ley, no serán considerados un impuesto, derecho, tasa, cargo, contribución o tributo, el mismo constituye una inversión para la conservación de los recursos naturales, el ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas residentes, en las zonas que brindan un servicio ambiental

El Artículo 3 entiende como servicios ambientales, entre otros los siguientes (entre otros):

La protección y conservación de fuentes de agua y cuencas hidrográficas.
La protección y conservación de las cuencas atmosféricas.
La protección, conservación y recuperación del suelo.
La protección o conservación de la biodiversidad, especies y ecosistemas.
La mitigación de emisiones y la fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción de gases de efecto invernadero.
La belleza escénica.
La asimilación y diseminación de efluentes y emisiones.
En general, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los Ecosistemas naturales.

Que se cobra (costos)…?

Este es el tema más conflictivo para una parte del sector empresarial. El Programa de Pago y Compensación por Servicios Ambientales, contempla como fuentes de financiamiento, entre otros:

Artículo 12. Toda persona usuaria del recurso hídrico sin distinción, ya sea natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, que hagan uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas… Esta compensación será determinada en la reglamentación de la presente ley
Artículo 13. Las empresas de generación de energía eléctrica tendrán la obligación de aportar capital de la siguiente manera:
1. Para el Fondo de Inversión Socio Ambiental Comunitario (FISAC), las empresas de generación termoeléctrica aportaran la suma de CIEN DOLARES (B/.1 00.00) anuales por Megavatio (MW) a instalar.

2. Para el Fondo de Pago por Servicios Ambientales (FPSA), en las siguientes condiciones:
a) Las empresas que utilicen fuentes renovables para la generación de energía, ya sea que pretendan registrar sus proyectos como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o en el mercado voluntario, deberán contribuir con el treinta por ciento (30%) de los ingresos que generen a través de la venta de los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs).

Quien maneja el dinero?.

El Articulo 7 indica que “Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente la administración, ejecución y fiscalización del Programa de Pago y Compensación por Servicios Ambientales, creado por esta Ley”. Esta disposición debería modificarse para generar un mayor consenso con el sector empresarial.

En el documento “Pagos por Servicios Ambientales. Marcos Jurídicos e Institucionales” elaborado por la UICN (http://cmsdata.iucn.org/downloads/eplp_78_sp.pdf) se recomienda: “Un marco institucional apropiado para PSA ha de considerar tres aspectos financieros: aumento de los fondos disponibles a través de instituciones especializadas en la recaudación y gestión de fondos; limitación de los costos de transacción institucionales; y aportación de medios financieros suficientes para garantizar el desempeño institucional”.

Agrega que: “para asegurar transparencia y evitar actos de mala gestión y corrupción, el uso de fondos y bienes públicos debe ser monitoreado y supervisado por una autoridad independiente cuyos derechos y responsabilidades han de estar claramente establecidos en la legislación”.

En Costa Rica, por ejemplo, el Programa de Servicios Ambientales cuenta con un Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Este FONAFIFOes un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con personería jurídica instrumental que le permite establecer convenios y hacer negocios a nivel nacional e internacional. Esta entidad es la que se encarga de la administración financiera y de los pagos a los propietarios.

La existencia del FONAFIFO ha garantizado al sector empresarial costarricense transparencia, seguridad financiera y monitoreo.

Resumiendo, el Proyecto de Ley para el Pago por Servicios Ambientales es un gran paso adelante, pero debe ser revisado específicamente en lo relacionado a la gestión financiera de los fondos recaudados y pagados.

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Agenda de Estado para resolver el problema de la basura en Panama

enero 26, 2014

Francisco Rivas R.

La crisis de los residuos sólidos en Panamá tiene su origen en tres causas principales: la cultura del “no pago” de la tasa de aseo, que hace insostenible financieramente el servicio de recolección, transporte y disposición final; la renuencia de la población a realizar el almacenamiento temporal de la basura en el ámbito de sus domicilios (también comercios e instituciones), convirtiendo así las vías y sitios públicos en áreas de acopio; y la ausencia de planificación y escasa capacidad técnica e institucional de los municipios para administrar y operar el servicio de aseo.

La cultura del “no pago” es una responsabilidad compartida de los usuarios y los políticos. Por casi 70 años, en las ciudades de Panamá, San Miguelito y Colón el servicio fue proporcionado gratuitamente, primero por la administración norteamericana de la zona del canal y luego por el Estado panameño. Cuando los municipios asumieron esta responsabilidad, heredaron el hábito colectivo de rehuir el pago de la tasa de aseo.

Si la imposibilidad de recuperar costos está provocando una crisis en el sistema de aseo, el hábito de depositar la basura en las vías y sitios públicos crea una situación de emergencia sanitaria. Cada panameño genera un kilo de basura diario, pero lo quiere los más lejos de su entorno, tan pronto como sea posible.

Con estos hábitos ni el mejor sistema de recolección del mundo mantendría limpias nuestras comunidades. Se desconoce por completo el concepto de responsabilidad compartida, según el cual quienes producimos los residuos sólidos estamos obligados a almacenarlos en forma temporal en la fuente generadora. –

Los municipios, frente al problema, han demostrado debilidades técnicas e institucionales. Resulta risible la manera en que algunos alcaldes organizan espectáculos mediáticos, a propósito de las “jornadas extraordinarias” de limpieza, cuando precisamente están indicando la incapacidad para organizar un servicio planificado, organizado y principalmente continuo. Un servicio con estas características evitaría las grandes acumulaciones de basura y, por lo tanto, haría innecesarias tales jornadas.

La crisis en el manejo de los residuos sólidos no solo está amenazando la salud de la población y el medio ambiente. Pone en entredicho la capacidad del Estado panameño para resolver problemas básicos, afecta la imagen del país en el ámbito turístico y, a la larga, puede afectar la competitividad y las inversiones.

Proponemos cuatro iniciativas para resolver el problema en el corto plazo:

Elaborar y aprobar una ley integral de residuos sólidos, con la participación del sector privado, la sociedad civil, los municipios y los entes gubernamentales relacionados. Prácticamente, todos los países de América Latina cuentan ya con modernas legislaciones en este campo, mientras que Panamá acusa un anacronismo que en nada contribuye a la solución del problema.

Un concepto fundamental de la nueva Ley sería el de “responsabilidad compartida”, según el cual el manejo integral de los residuos sólidos es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y del gobierno o las municipalidades, según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Por otra parte, convendría estudiar la posibilidad de crear un fondo nacional para el manejo adecuado de los residuos sólidos, destinado a subsanar los déficits en los presupuestos municipales. Para recurrir al fondo, los municipios deberían presentar flujos de caja en los que se establezcan las metas de recaudación hasta alcanzar el “punto de equilibrio” en el año 2018, así como indicadores de eficiencia en la prestación del servicio. Dicho fondo, además, serviría para financiar la construcción de rellenos sanitarios, con la meta de eliminar los 40 vertederos municipales a cielo abierto, en las principales ciudades, igualmente, en el año 2018.

Es conveniente evaluar la alternativa de realizar la “privatización social” del servicio de recolección en la ciudad capital, mediante la creación de pequeñas empresas recolectoras y de reciclaje, las cuales serían contratadas directamente por el Municipio, para dar servicio en las áreas urbano marginales y periurbanas, en donde el sistema convencional de aseo enfrenta serias dificultades por el trazado de las calles. De esta forma se ampliaría la cobertura, mejoraría la eficacia de los Municipios, y se generaría empleo e ingresos a jóvenes desempleados poco calificados.

Se inicia debate sobre nuevo Código Sanitario de Panamá

mayo 27, 2013

Francisco Rivas.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá ha invitado a todas las instituciones, organizaciones, asociaciones o sociedades relacionadas con la salud  y con personería jurídica en el territorio nacional, a participar en el análisis y discusión del borrador del nuevo Código Sanitario de Panamá, con el fin de asegurar que la actualización de dicho documento contenga los preceptos necesarios para regular las funciones del Estado en lo relativo al fomento, protección y recuperación de la salud.  Hasta el  viernes 12 de julio, el Ministerio de Salud recibirá todas las propuestas referentes a la modificación o adición de los artículos que se espera sean incluidos en este documento borrador.

El borrador de nuevo Código Sanitario consta de 10 Títulos, 42 Capítulos y 185 artículos. En su Artículo 1, se establece que “La presente Ley regula el derecho a la salud, establece las bases y modalidades  para el acceso a los servicios de salud y los principios básicos de las acciones de promoción, prevención, conservación, restitución, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos”. Además, reconoce el principio precautorio en salud pública (Artículo 4.) y los acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales que ratifique la República de Panamá (Artículo 5). Estas dos disposiciones, aunque sea teóricamente, constituyen un avance significativo por la reticencia del estado panameño a cumplir con compromisos internacionales que pueden afectar a poderosos intereses económicos.

El Capítulo VI se refiere tímidamente al tema de la salud reproductiva, especialmente entre adolescentes (Panamá posee una de más altas tasas en la región de embarazos no deseados entre la población adolescente). Indica que con la participación de la sociedad y organizaciones no gubernamentales, se promoverán acciones integradas de salud en la adolescencia, incluyendo la educación sexual.

El Capítulo VIII “De la Salud Ocupacional”, dicta el establecimiento de coordinaciones con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para definir las condiciones de saneamiento y seguridad contra los accidentes y las enfermedades laborales en todos los lugares de producción, elaboración y comercio; la  ejecución de medidas generales y especiales sobre protección de los trabajadores, en cuanto a prevenir enfermedades y accidentes; y la prevención o control de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la salud y la vida del trabajador.

Considerando la alta tasa de accidentes, especialmente en el sector construcción, resulta inexplicable que el Proyecto de Ley no se refiera al establecimiento de normas técnicas sobre enfermedades ocupacionales de protección de la salud de los trabajadores. Sin estas normas la ley difícilmente podrá aplicarse. Tampoco se hace referencia a un sistema de control y comando como podría ser un Consejo Nacional de Salud Ocupaciones de carácter tripartito (empleadores, trabajadores y estado) que impulse los objetivos planteados en el Código Sanitario.

El Titulo IV “De la Salud y la Preservación del Ambiente” establece que el MINSA en coordinación con las entidades públicas y privadas competentes, velará porque se desarrollen programas de saneamiento ambiental que incluyan, entre otros, “el cumplimiento de los convenios internacionales sobre sustancias químicas y desechos peligrosos y no peligrosos”. Lo cual es un significativo avance, aunque sea solo de tipo declarativo.

Capítulo IV “De los Desechos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos”  indica que “El Ministerio de Salud establecerá las normas de atención integral de los desechos peligrosos y no peligrosos en todo el territorio nacional. Los desechos sólidos deben ser transportados y almacenados para su utilización, tratamiento y disposición final mediante los sistemas aprobados por la Autoridad Sanitaria” (MINSA).

El texto señalado profundiza las ambigüedades jurídicas e institucionales sobre la autoridad competente en materia de residuos sólidos no peligrosos (también llamados municipales). Efectivamente, el 29 de septiembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley N° 51 que creó la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario. Dicha Ley, promovida curiosamente por el MINSA, establece en su artículo 11 que: “A partir de la vigencia de esta Ley, es función de la Autoridad, el manejo y explotación de desechos sólidos en todas sus formas. En cumplimiento de esta función le corresponde a la autoridad: a) La administración, dirección, planificación, investigación, inspección, operación, explotación y fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano y domiciliario y de los rellenos sanitarios, ya sea directamente o por medios de concesiones administrativas. b) Desarrollar políticas, estrategias generales y planes en la materia de operación y disposición de desechos sólidos”.

Quienes deseen consultar el borrador de Proyecto de Ley lo pueden descargar en esta dirección: http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/archivos/codigo_sanitario_-_primer_borrador.pdf. Para hacer llegar sus comentarios y sus aportaciones lo puede hacer mediante carta dirigida al Ministro de Salud de Panamá, Dr. Javier Díaz. Dirección: Corregimiento de Ancón, Ministerio de Salud Edificio 237, lateral al Hospital Oncológico Nacional o por medio de un formulario que en la pagina del MINSA (http://www.minsa.gob.pa) en el hipervínculo ubicado en el segmentos de DESTACADOS. También se puede llamar a los números (507) 512-9204, (507)  512-9341 y (507) 512-9398 para mayor información.

La legislación española y latinoamericana en materia de residuos sólidos

abril 14, 2013

Propuesta para una Ley General de Residuos Sólidos de Panamá

marzo 30, 2013

Francisco Rivas Ríos

El incendio de Cerro Patacón en el mes de marzo de 2013, el principal vertedero del país, en donde se depositan entre 1200 y 1500 toneladas de residuos sólidos procedentes de la Ciudad Capital y el Distrito de San Miguelito, colocó de nuevo sobre el tapete la necesidad de contar con una legislación actualizada en el manejo de estos residuos. El Ministro de Salud ha informado que se preparara un Proyecto de Ley sobre el tema el cual, previo al aprobación por el Consejo de Gabinete, será enviado a la Asamblea Nacional de Diputados para su conocimiento y eventual aprobación.

 No se trata por cierto, de la primera iniciativa.  El Ministerio de Salud anteriormente preparó el Proyecto de Ley No. 225 “Que Establece Disposiciones Sobre el Servicio de Aseo y el Marco Regulatorio e Institucional para la Gestión Integral de los Residuos y Dicta Otras Disposiciones”, presentado por el Ministro de Salud a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, el miércoles 28 de junio de 2006. La propuesta finalmente no logró materializarse.

 El proceso se vio truncado cuando, en el marco de la ruptura política de la alianza gobernante, el Gobierno decidió despojar a los municipios de su responsabilidad histórica en el manejo de los residuos sólidos, transfiriéndola a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La AAUD fue creada mediante la Ley 51 “Que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones para la eficacia de su gestión” (Gaceta Oficial 26631-A), de fecha 29 de septiembre de 2010. El articulo 2 atribuye dos propósitos a la AAUD, uno operacional y otro de diseño de políticas para el sector:

a) “… la administración, dirección, planificación, operación, explotación, aprovechamiento, investigación, inspección y fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario y de los rellenos sanitarios”.

b) “Además, estará encargada de la gestión integral de los residuos sólidos para su manejo, explotación, aprovechamiento y disposición final, en desarrollo de una política de residuos como directriz para la prevención y control de la contaminación del ambiente, a fin de garantizar la protección de la salud pública”.

La pregunta obvia es: ¿está en capacidad el Poder Ejecutivo de Panamá para asumir directamente la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en 75 municipios del país?. La respuesta es no. Por esta razón, se incluyó el siguiente artículo:

“Artículo 3. La Autoridad brindará el servicio de recolección de los residuos sólidos inicialmente en el distrito de Panamá y, hasta que se establezca en la región correspondiente, los municipios continuarán prestando los servicios en lo que respecta al manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios” (Subrayados nuestros).

Es decir, parece claro que la Ley – a pesar de tener un alcance nacional –en realidad se enfoca en el Distrito Capital y su propósito fue restarle protagonismo político a un alcalde considerado adversario del Gobierno, el cual paradójicamente terminaría renunciando. La inutilidad de la ley que creo AAUD obliga ahora al Ministerio de Salud (MINSA) a preparar una ley mas integral.

(Un artículo nuestro que presenta la evolución institucional y legal del sector de residuos sólidos de Panamá puede consultarse en en este Blog: https://apronadpanama.wordpress.com/2010/03/25/marco-juridico-de-los-residuos-solidos-en-panama/ ).

A continuación la propuesta que hemos preparado para la elaboración y aprobación de la “Ley General de Residuos Sólidos de Panamá”, presentada en forma resumida. Como una contribución al debate, esperamos, que sobrevendrá en los próximos meses.

 METODOLOGÍA

 Proponemos la creación de un Comité Nacional ampliamente representativo para colaborar con el Ministerio de Salud y la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados, en la elaboración del texto. En el Comité deberían participar representantes de las instituciones gubernamentales, el sector municipal, el sector académico, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil. Cualquier intento por imponer un texto legislativo, conducirá a la perdida de legitimidad ante la sociedad civil y el sector empresarial.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY PROPUESTO

 El Proyecto de Ley se organizaría en 4 Títulos:

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

En este título se incluirán Capítulos relacionados con:

    1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley:

Tendrían como fundamento los principios inspiradores del derecho ambiental a saber:  precautorio, el que contamina paga, el de responsabilidad extendida al productor, y el de responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades gubernamentales.

    2.  Definiciones.

No pretendemos ser exhaustivos, pero el Capítulo correspondiente debería incorporar definiciones hasta ahora ausentes en la normativa ambiental panameña:

Aprovechamiento de los residuos:  conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía.

Manejo integral:  las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

Plan de manejo:  instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos ordinarios, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda.

Principio responsabilidad compartida:  principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos  ordinarios y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y del gobierno o las municipalidades según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Remediación: conjunto de medidas a las que se someten los suelos contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente.

    3. Organización administrativa.

El Capítulo correspondiente establecería la distribución de competencias y coordinación interinstitucional, con referencia especial al Ministerio de Salud (MINSA), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y los municipios.

 TÍTULO II:  HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

Este Título incluiría Capítulos relacionados con:

La Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. El Plan Nacional. Planes Municipales. Planes Sectoriales por Tipo de Residuo (Peligrosos, Especiales, Urbanos). Planes de Manejo Integral. Fiscalización de los Planes.

Información y Educación. Sistema Nacional de Información. Acceso a la información. Programa Nacional de Educación.

Promoción de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Disposiciones para el fomento de la gestión integral de los residuos sólidos. Herramientas específicas Incentivos a generadores. Medidas especiales para minimizar la generación de los residuos sólidos. Participación ciudadana.

Las obligaciones del Estado. Presupuestos. Sistemas de Gestión Ambiental. Compras del Estado (promover la compra y utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables).

Fondo para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Constitución de los recursos. Manejo del Fondo.

TITULO III: GESTIÓN DE RESIDUOS.

Licencias y permisos. Evaluación de impacto ambiental. Registro de gestores por parte de las personas físicas o jurídicas que se dedican total o parcialmente a la gestión de los residuos sólidos.

Movimientos transfronterizos de residuos. Convenios internacionales. Importación. Exenciones. Tráfico ilícito. Inspección de aduanas. Repatriación.

Generación de los Residuos. Obligaciones de los generadores. Propiedad de los residuos. Responsabilidad extendida del productor. Residuos de manejo especial.

Residuos peligrosos. Responsabilidad. Obligaciones.

Sitios contaminados. Prevención. Remediación.

 TÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES.

Prohibiciones.

Sanciones administrativas. Principios de legalidad y el debido proceso. Actuación indebida de los funcionarios. Inspecciones. Cancelación de permisos y licencias.

De los delitos. Tráfico ilícito. Disposición ilegal. Responsabilidad por daños y perjuicios ambientales.

Comunicado de ONGs ambientalistas de Panama en el Dia Mundial de los Humedales

febrero 1, 2013

Organizaciones ambientalistas de Panamá han  suscrito un “Comunicado” con ocasión del Día Mundial de los Humedales.Humedales_Panama

El Comunicado indica que: “Mientras que globalmente se celebra el Día Mundial de los Humedales, su destrucción continúa en Panamá. Estas áreas cruciales para la economía local, la pesca y la biodiversidad, reservorios de agua dulce, así como de agua limpia para el mantenimiento de nuestro recurso alimentario, tanto en tierra como en el mar, y proveedores de protección contra desastres como las inundaciones, son destruidas por la maquinaria pesada, por las malas prácticas productivas y por la contaminación industrial y doméstica cada día. Su degradación pone en peligro el bienestar de la nación en tanto las autoridades no asuman sus responsabilidades de protegerlas.

Por otra parte es importante recordar que la protección de los humedales es una responsabilidad internacional, donde el país ha asumido compromisos de designar y proteger Sitios Ramsar, así como todos sus humedales, según establece la Convención Ramsar, de la cual Panamá es signataria”.

 Las organizaciones ambientles hacen un llamado a las autoridades nacionales formulado, entre otras peticiones que:

 1. Que la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) restablezca las tarifas anteriores de multas y permisos por tala de manglares, que fueron fundamentadas sobre argumentos técnicos debidamente sustentados.

2. La Corte Suprema restituya el estatus de área protegida del Sitio Ramsar Bahía de Panamá, para devolver a los ciudadanos la protección que estas áreas brindan para su seguridad y bienestar.

3. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) mantenga la integridad del Sitio Ramsar Bahía de Panamá revocando su solicitud de disminuir los límites establecidos oficialmente ante la Convención de Ramsar en el año 2009. Y además garantice que se realice adecuadamente la consulta ciudadana, y no se repitan casos como por ejemplo el de la construcción de dos (2) proyectos hidroeléctricos, cuyos Estudios de Impacto Ambiental  omitieron la consulta a las comunidades de la provincia Veraguas.

5. La Alcaldía de Panamá actúe con coherencia luego de un largo período de consultas y análisis realizado de junio a septiembre de 2012 en conjunto con organizaciones no gubernamentales, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Universidad de Panamá, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y otras instituciones del gobierno.

Proyecto para Reformar la Ley Forestal de Panama: conservación y explotación comercial

enero 19, 2012

 

Francisco Rivas Rivas.
apronad@gmail.com
https://www.facebook.com/apronadpanama/

 

La Asamblea Nacional de  Panamá ha iniciado el  conocimiento de un Proyecto para reformar la Ley Forestal de 1994.

El Proyecto de establece la Dirección Nacional Forestal (DINAFOR), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la cual tendrá la responsabilidad de velar por la conservación, protección, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales de la nación. La administración de las reservas forestales es transferida a la DINAFOR.

En lo fundamental, el Proyecto se plantea los objetivos de promover la conservación y y al mismo tiempo la explotación comercial de los bosques. Se introduce el concepto de “seguridad nacional” al establecer que se exceptúa de  la prohibición para el corte de especies forestales protegidas y en vías de extinción contenidas en listados nacionales establecidos, “aquellos árboles que requieran ser talados por razones de seguridad nacional”.

Se espera que el Proyecto de Reforma a la Ley Forestal de Panamá, genere un amplio debate con aportaciones de todos los sectores involucrados. El Proyecto puede bajarse aqui (pdf): Panama_Proyecto_ModifLeyForestal

Marco Juridico de los Residuos Solidos en Panama

marzo 25, 2010

 

Francisco Rivas Ríos.
apronad@gmail.com
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 A partir de 1999, la totalidad de los municipios de Panamá, tienen la responsabilidad por el manejo de los residuos sólidos, realizando las tareas de recolección, transporte, tratamiento y eliminación.  Algunos municipios han transferido esta responsabilidad, total o parcialmente, a la empresa privada.  La Constitución Política de la República vigente, modificada en 2004, fortaleció el rol de los municipios –  de conformidad con el principio de la descentralización del estado -, con lo cual se consolidaron las competencias municipales en la gestión de los residuos sólidos. El estado, por medio del Ministerio de Salud, se ha reservado la gestión de los residuos sólidos peligrosos. Esta situacion ha cambiado en el año 2010, con la creacion de la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD), bajo jurisdiccion del Poder Ejecutivo, la cual asume todas las funciones relacionadas con la recolección, transporte y disposicion final de los residuos solidos.

Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo ha emitido varios Decretos para hacer frente a temas específicos, como lo son los rellenos sanitarios y los residuos peligrosos, y el Poder Legislativo ha emitido leyes que han tocado algunas aristas  del problema en la Ley General del Ambiente, el país carece de una ley general de residuos que venga desarrollar los principios contenidos en la normativa internacional que ha sido ratificada por la Asamblea Nacional (especialmente el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes); que  integre la normativa que hoy se encuentra dispersa y la actualice en términos técnicos, científicos y económicos; que integre principios modernos de responsabilidad ambiental, civil y penal y aclare las inconsistencias actuales en materia de competencia institucional, principalmente entre l Ministerio de Salud (MINSA) y los Municipios.

En este artículo se sugieren alternativas para resolver las deficiencias que muestra Panamá en materia de legislación sobre la gestión de los residuos sólidos.

Leer el documento completo (pdf): Legislacion_residuos_solidos_panama

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