Archive for the 'panama' Category

Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el Distrito de Tonosí, Panamá

marzo 7, 2016

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Cop21: las tareas pendientes de Panamá

noviembre 28, 2015

Francisco Rivas Rivas.
apronad@gmail.com
https://www.facebook.com/apronadpanama/

Resumen.

El Gobierno de Panamá ha tomado en serio la participación en la Cumbre sobre Cambio Climático a realizarse en Paris, Francia (COP21), en 215. Se espera que esta Cumbre defina un compromiso vinculante y definitivo para la reducción de los gases de efecto invernadero a partir del año 2020, incluidas las grandes potencias. Recordemos que hasta esa fecha durará el aplazamiento que, desde la COP de Copenhague, se hizo al Protocolo de Kyoto, el cual marcaba un recorte en las emisiones de CO 2 del 15 % para los países firmantes con respecto a lo emitido en 1990.

El esfuerzo de Panamá para contribuir a alcanzar los compromisos en la COP21 es remarcable por dos situaciones: su economía es de comercio y servicios, por lo cual las preocupaciones ambientales carecen del peso específico de las “economías reales”; además, el tamaño de su economía y población no inciden en forma significativa en el cambio climático global.

A pesar de lo señalado, Panamá muestra retrasos significativos en el cumplimiento de Convenios internacionales relacionados directa o indirectamente con el Cambio Climático.

Pendiente la ratificación del Convenio 169, OIT, sobre pueblos indígenas. 

En la República de Panamá existen 7 Pueblos Indígenas: los Ngäbe, los Buglé, los Guna, los Emberá, los Wounaan, los Naso y los Bri-Bri, y 5 Comarcas: Ngäbe-Buglé, Emberá – Wounaan, Guna Yala, Guna de Wargandí y Guna de Madugandí.

Se estima que 285,231 habitantes son indígenas, representando el 10% de la población nacional. Cerca del 50% de la población indígena se ha desplazado hacia tres polos de atracción: el Área Metropolitana de Panamá y Colón; el área fronteriza con Costa Rica (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas) y áreas del Darién. Esto responde a la deteriorada situación económica y social, pues si el porcentaje nacional de habitantes en situación de pobreza extrema es del 26.5% en la Comarca Kuna de Kuna Yala es 82.4%, en la Comarca Kuna de Wargandí 60.3%, en la Comarca Kuna de Madugandí 63.1%, en la Comarca Emberá – Wounaan 78.6% y la Comarca Ngäbe-Buglé 93.4%.

En el último quinquenio las Comarcas Indígenas han despertado el interés de empresarios nacionales e internacionales, para el desarrollo de grandes proyectos mineros (cobre, oro), hidroeléctricos, infraestructura hotelera, etc., lo cual ha provocado graves conflictos con la población indígena y sus autoridades locales. Las Comarcas se han convertido en reservas naturales que podrían sufrir daños irreparables (deforestación, destrucción de las cuencas hidrográficas), con impactos negativos en el cambio climático.

En 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). El Convenio no ha sido ratificado por Panamá, a pesar de distintas gestiones realizadas en la Asamblea Nacional en los últimos años.

El Convenio 169 dispone, como principio general, que los pueblos indígenas tienen derecho «a los recursos naturales existentes en sus tierras», que comprenden el derecho a «participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos».

El Artículo 7 del Convenio núm. 169 dispone específicamente que los pueblos indígenas deberán «participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente».

Los derechos y preocupaciones de los pueblos indígenas y tribales han cobrado una importancia sin precedentes, ya que se insertan en el debate global sobre derechos humanos, gobernanza, reducción de la pobreza y desarrollo económico, economía social, cambio climático, desarrollo sostenible y protección ambiental.

La delegación panameña, por consiguiente, asiste a la COP21 con una deuda pendiente con los pueblos indígenas.

Retrasos en el cumplimiento del Convenio de Estocolmo: continúa la incineración de los residuos sólidos en el ámbito nacional.

Panamá participó en la Conferencia de Plenipotenciarios para el Convenio de Estocolmo Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), realizada en Estocolmo, del 22 al 23 de mayo de 2001; la Asamblea Nacional lo ratificó mediante la Ley No. 3 del 20 de enero de 20031, adquiriendo todas sus obligaciones y derechos, y entró en vigor el 17 de mayo de 2004.

El Convenio de Estocolmo se corresponde plenamente con la Ley General del Ambiente de Panamá, contiene disposiciones fundamentales en cuanto a la responsabilidad del Estado de normar, vigilar, controlar y regular todo lo relacionado con la salud humana y con la gestión de desechos y sustancias potencialmente peligrosas.

El manejo inadecuado de los residuos sólidos, con la práctica generalizada de la incineración de residuos a cielo abierto, continúa generando más del 80% de las dioxinas y furanos.

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Otros retrasos, relacionados con el Convenio de Estocolmo, se relacionan con las disposiciones relacionadas con los PCB (bifenilos policlorados) y los plaguicidas COPs:

No existe prohibición de importación de equipos eléctricos con contenido de PCB (bifenilos policlorados) superior a los 50 ppm.

Las empresas de distribución eléctrica se encuentran realizando las tareas de identificar, etiquetar y retirar de uso equipos contaminados con PCB, como parte de una gestión ambientalmente racional (Producción Más Limpia). Sin embargo, no se tiene la certeza de que alcancen la meta de eliminar los PCBs en 2025, tampoco se alcanzó la meta de una gestión integral en la totalidad de sus equipos contaminados con PCBs superior a 0.005% en 2008.

Entidades gubernamentales y privadas no han desarrollado ninguna medida para la eliminación de los PCBs. Bajo las condiciones actuales es completamente improbable que estos sectores logren las metas establecidas para 2025.

No se ha logrado exigir la utilización de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados para evitar la formación y liberación de COPs en las nuevas construcciones.

Retrasos en la aplicación de Técnicas de Manejo Forestal Sostenible.

La superficie boscosa total de Panamá representa 46,800 Km2 (61.9%). El resto, 28,717 Km2 (38.1%) ha sido intervenidos y ya no cuentan con bosques.

De continuar esta tendencia, según las estimaciones de Miambiente, la cobertura boscosa de Panamá habría pasado del 87.7% en 1903 a 32.1. % en 2035, como se observa en el siguiente Gráfico:DeforestacionPty

Con el propósito de hacer frente a este problema el Gobierno Nacional impulsa el Programa la “Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas”, para recuperar las áreas degradadas en el país especialmente en áreas protegidas y cuencas críticas.

Los objetivos del Programa indicado son:

  • Mejorar la regulación hidrológica para enfrentar los cambios del clima, lo cual se manifestará con sequías más largas y lluvias más intensas.
  • Promover la reforestación con especies nativas.
  • Fortalecer la economía rural del país mediante el desarrollo de una actividad sostenible.
  • Mejorar la calidad del agua de los ríos al evitar la sedimentación.

Sin embargo, no se ha contemplado la aplicación de criterios para un manejo sostenible de los bosques:

  • Los sistemas de manejo deberán promover el desarrollo y la adopción de métodos no químicos para el manejo de las plagas, para no dañar el medio ambiente. Se prohibirán los pesticidas clasificados como de Tipos 1A y 1B por la Organización Mundial de la Salud (OMS); los pesticidas de hidrocarburos, y aquellos compuestos de cloro; pesticidas que son persistentes, tóxicos o cuyos derivados se mantienen biológicamente activos y se acumulan en la cadena alimenticia más allá del uso deseado; y cualquier pesticida prohibido por acuerdos internacionales..
  • Químicos, contenedores, desperdicios inorgánicos, líquidos y sólidos, incluyendo combustibles y lubricantes, deberán ser desechados de una manera ambientalmente apropiada en lugares fuera del sitio de trabajo.
  • Los desechos químicos, envases, desperdicios sólidos y líquidos producidos ya sea en las operaciones forestales o sitios de procesamiento, deberán ser eliminados de una manera ambientalmente sana y legal.
  • Definir e implementar los protocolos para el almacenamiento y uso adecuado de los productos químicos y los equipos utilizados, así como para el manejo de los desechos producidos durante la operación.

Resumen.

Panamá se ha comprometido a cumplir con los acuerdos y compromisos  que se deriven de la COP21 de París, Esto obligará a todos los sectores (gobierno, municipalidades organizaciones comunitarias, ONGs, empresarios) a establecer un acuerdo nacional.

El ámbito de aplicación/implementación del marco jurídico es reducido. Esto es atribuible a varios factores: a) los constantes cambios del personal técnico encargado de asumir el control y comando de las acciones, como resultado de los cambios de administración gubernamental cada 5 años; b) la débil coordinación interinstitucional; c) personal técnico que carece de los recursos presupuestarios y logísticos necesarios para realizar sus tareas; d) resistencia de los interesados directos a aceptar y participar de las medidas de implementación de los Convenios y Leyes; y e) escaso o ningún conocimiento de los grupos vulnerables en situación de riesgo acerca de la normativa que los protege.

Otros factores limitantes sobre la aplicación de la normativa en materia ambiental son: a) la responsabilidad ambiental se define como la compensación/reparación del daño causado o los perjuicios inferidos a consecuencia de actos u omisiones que ocasionen afectación ambiental. No se aplica el principio de precaución; b) la protección del ambiente y los recursos naturales tradicionalmente se ha concebido como una función de la administración pública, lo cual es una manifestación jurídica de la externalización de los costos ambientales; y c) la legislación ambiental continúa siendo de naturaleza predominantemente administrativa.

La arraigada cultura nacional (no únicamente empresarial) de externalización de costos ambientales se constituye en un factor limitante para implementar las medidas que se deriven del COP21, París y al mismo tiempo uno de los principales retos. Esta situación puede enfrentarse en el marco de alianzas estratégicas.

 

Alternativas al problema de los contaminantes en Panama

noviembre 22, 2015

Francisco Rivas Rivas.
apronad@gmail.com
https://www.facebook.com/apronadpanama/

Se presenta una recopilación de medidas específicas para enfrentar las graves consecuencias para la salud y el ambiente causadas por los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Un tema estudiado desde hace 10 años pero que no forman parte de las políticas ambientales gubernamentales.

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Los contaminantes orgánicos persistentes están asociados a los altos índices de enfermedades crónicas degenerativas (cáncer, diabetes, malformaciones, etc.) que afectan a la población panameña y causan grandes erogaciones económicas a las instituciones de seguridad social y sanitarias.

La estrategia gubernamental consiste en realizar inversiones en la medicina “curativa” (hospitales, clínicas especializadas),  pero con total abandono a la prevención. La incineración a cielo abierto de los residuos sólidos en todo el territorio nacional, la existencia de bifenilos policlorados (Pcb) en gran parte de los transformadores eléctricos en uso o los desechos de la carcasa que se almacenan; así como las áreas contaminadas con plaguicidas Cops, son los principales problemas que continúan sin resolverse con el paso de los años.

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Este ensayo señala una serie de medidas prácticas urgentes para la solución del problema. Puede consultarse Solución al problema de los contaminantes en Panama

Proyecto de Ley Pago por Servicios Ambientales de Panamá

octubre 11, 2014

Francisco Rivas Rios.

El 4 de agosto de 2014, se presentó a consideración de la Comisión: Población, Ambiente y Desarrollo, de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, el Proyecto de Ley No.040, “Que Regula el Pago y Compensación por los Servicios Ambientales en la República de Panamá y se Dictan Otras Disposiciones”.

En la Exposición de Motivos se establece que el principal problema que atiende este Proyecto es la deforestación, indicando como vía de solución que “…las actividades de conservación (reforestación, protección y manejo de bosques), se conviertan en alternativas de producción económicamente viables y más rentables que las actividades tradicionales de uso de la tierra, que requieren la eliminación del bosque”. Se advierte que en el fundamento del Pago por Servicios Ambientales subyace la idea de que “El que conserva recibe compensación”.

Este Proyecto, que debería recibir el beneplácito de el sector empresarial, es cuestionada ahora por distintos sectores, encabezados por Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), los cuales manifiestan sentirse preocupados porque “el proyecto de Ley que busca crear nuevos costos a los agentes generadores de energía”.

Que es lo que se paga (beneficios)?.

El Articulo 4. define el Pago y Compensación por Servicios Ambientales, como un mecanismo de retribución monetaria o compensación flexible y adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación directa por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental, por parte de los usuarios del servicio el cual se destina a los proveedores.
Los pagos y compensación por servicios ambientales para los efectos de la presente ley, no serán considerados un impuesto, derecho, tasa, cargo, contribución o tributo, el mismo constituye una inversión para la conservación de los recursos naturales, el ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas residentes, en las zonas que brindan un servicio ambiental

El Artículo 3 entiende como servicios ambientales, entre otros los siguientes (entre otros):

La protección y conservación de fuentes de agua y cuencas hidrográficas.
La protección y conservación de las cuencas atmosféricas.
La protección, conservación y recuperación del suelo.
La protección o conservación de la biodiversidad, especies y ecosistemas.
La mitigación de emisiones y la fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción de gases de efecto invernadero.
La belleza escénica.
La asimilación y diseminación de efluentes y emisiones.
En general, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los Ecosistemas naturales.

Que se cobra (costos)…?

Este es el tema más conflictivo para una parte del sector empresarial. El Programa de Pago y Compensación por Servicios Ambientales, contempla como fuentes de financiamiento, entre otros:

Artículo 12. Toda persona usuaria del recurso hídrico sin distinción, ya sea natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, que hagan uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas… Esta compensación será determinada en la reglamentación de la presente ley
Artículo 13. Las empresas de generación de energía eléctrica tendrán la obligación de aportar capital de la siguiente manera:
1. Para el Fondo de Inversión Socio Ambiental Comunitario (FISAC), las empresas de generación termoeléctrica aportaran la suma de CIEN DOLARES (B/.1 00.00) anuales por Megavatio (MW) a instalar.

2. Para el Fondo de Pago por Servicios Ambientales (FPSA), en las siguientes condiciones:
a) Las empresas que utilicen fuentes renovables para la generación de energía, ya sea que pretendan registrar sus proyectos como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o en el mercado voluntario, deberán contribuir con el treinta por ciento (30%) de los ingresos que generen a través de la venta de los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs).

Quien maneja el dinero?.

El Articulo 7 indica que “Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente la administración, ejecución y fiscalización del Programa de Pago y Compensación por Servicios Ambientales, creado por esta Ley”. Esta disposición debería modificarse para generar un mayor consenso con el sector empresarial.

En el documento “Pagos por Servicios Ambientales. Marcos Jurídicos e Institucionales” elaborado por la UICN (http://cmsdata.iucn.org/downloads/eplp_78_sp.pdf) se recomienda: “Un marco institucional apropiado para PSA ha de considerar tres aspectos financieros: aumento de los fondos disponibles a través de instituciones especializadas en la recaudación y gestión de fondos; limitación de los costos de transacción institucionales; y aportación de medios financieros suficientes para garantizar el desempeño institucional”.

Agrega que: “para asegurar transparencia y evitar actos de mala gestión y corrupción, el uso de fondos y bienes públicos debe ser monitoreado y supervisado por una autoridad independiente cuyos derechos y responsabilidades han de estar claramente establecidos en la legislación”.

En Costa Rica, por ejemplo, el Programa de Servicios Ambientales cuenta con un Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Este FONAFIFOes un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con personería jurídica instrumental que le permite establecer convenios y hacer negocios a nivel nacional e internacional. Esta entidad es la que se encarga de la administración financiera y de los pagos a los propietarios.

La existencia del FONAFIFO ha garantizado al sector empresarial costarricense transparencia, seguridad financiera y monitoreo.

Resumiendo, el Proyecto de Ley para el Pago por Servicios Ambientales es un gran paso adelante, pero debe ser revisado específicamente en lo relacionado a la gestión financiera de los fondos recaudados y pagados.

Industriales vrs. Exportadores de Desechos Reciclables

agosto 14, 2014

Francisco Rivas Rivas.
apronad@gmail.com
https://www.facebook.com/apronadpanama/

 

En distintos artículos hemos señalado que el mayor porcentaje de los materiales reciclables recuperados en Panamá se destinan a la exportación, con excepción de una parte del papel y cartón, vidrio y bronce, en este último caso utilizado por una pequeña industria artesanal. Esta situación la hemos atribuido, a la dinámica del mercado internacional (principalmente China, y en menor medida Centroamérica), pero también a las características terciarias de la economía panameña, altamente dependiente de las importaciones con un reducido desarrollo industrial.

Esta dinámica es también compartida por otros países con un mayor desarrollo industrial. Es el caso de Costa Rica; de acuerdo con la información proporcionada por el periódico La Nación de ese país “La mayor parte de residuos sólidos generados en el país, y que son clasificados en empresas locales para su reciclaje, se exportan, debido a que aquí se carece de tecnologías adecuadas para su tratamiento o a que resulta más rentable procesarlos en el extranjero”[1].

Se refieren a dos tipos de residuos: los de nueva generación (baterías, aceites y componentes electrónicos), cuya recuperación exige el uso de tecnologías que solo se pueden encontrar en países como Estados Unidos y China. Para los otros residuos denominados “tradicionales” (papel, cartón, plásticos, aluminio, etc.) el país cuenta con las tecnologías para el aprovechamiento productivo, pero debe enfrentar los altos precios del mercado internacional, especialmente de China, por lo cual los recicladores prefieren exportarlos. El reportaje de La Nación indica que el valor de una tonelada de cartón en China es de $US 130, mientras que en Costa Rica el precio oscila entre $US 70 – 90.

Conflicto a futuro: industriales vrs.  exportadores de residuos reciclables.

Las exportaciones de residuos de plástico en Guatemala, produjeron un conflicto entre exportadores  e industriales. En 2011 estos residuos se colocaron entre los primeros diez productos de exportación de Guatemala, con 26,622 toneladas métricas, representando $56 millones en divisas, siendo los principales mercados El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A futuro se espera un incremento sustancial de dichas exportaciones, de acuerdo con la Comisión de Plásticos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT)[2].

Los industriales guatemaltecos, lograron que el Gobierno de su país limitara la exportación de desechos, desperdicios y recortes de plástico, imponiendo un techo de 2,400 toneladas metricas anuales, con el propósito de promover el desarrollo de la industria nacional, “pues existen en el país empresas que han invertido en tecnología y que cuentan con capacidad para absorber el reciclaje de los desechos”. El ministro de Economía de ese país, Luis Velásquez, afirmó que las empresas locales podrán ofrecer producto terminado a más bajo costo del que se compra en el exterior[3]. No obstante, en noviembre de 2011, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió de forma temporal el decreto que regulaba la exportación de desechos plásticos (PET)[4].

En la Unión Europea (UE) opiniones encontradas ha generado la campaña Reciclaje Made in Europe, la cual promueve la posibilidad de priorizar el reciclaje de residuos dentro de la UE, es decir, limitar el libre comercio de materiales reciclables. Los propósitos de dicha campaña son: la promoción de la industria recicladora europea, la creación de empleo verde en Europa y la reducción de las emisiones asociadas al transporte de los residuos, procurando alcanzar una economía circular basada en la sociedad del reciclado.  Un articulista español comentaba: “Los ciudadanos hacen la recogida selectiva de papel viejo, y luego acaba en China. ¿Es legítimo? La exportación creciente de papel usado recuperado y otros materiales para ser reciclados en China alarma a las papeleras españolas u otras industrias de reciclaje, que tienen una dura competencia con el país asiático”[5].

Los críticos de la campaña consideran que, bajo el argumento de promover a la industria recicladora europea, se esconde una restricción encubierta al libre comercio específicamente del papel recuperado. “Si no existe capacidad suficiente para dar salida a todo este material excedentario en Europa, y se limitan sus exportaciones, la única alternativa posible para ese material pasa por ser incinerado o depositado en vertedero. Al mismo tiempo se estaría desincentivando la recogida y el tratamiento, con el correspondiente sinsentido económico y medioambiental, y poniendo en riesgo de supervivencia a una parte de la cadena de la industria europea del reciclado”[6].

 En Panamá existe un conflicto en ciernes entre la industria papelera que importa desechos de papel, a un mayor precio que el que perciben los recicladores por exportarlo.

Las exportaciones de desechos de plástico en Panamá.

La demanda mundial de plásticos reciclados se triplicará en los próximos ocho años, pero la política de China sobre la “Valla Verde” que pone restricciones la importación de materiales plásticos de desecho, lleva a un exceso de oferta en el mercado de EE.UU. El presidente del Comité de plásticos, Surendra Borad, ha indicado que el consumo mundial anual va desde 15 millones de toneladas en 2007 a 45 millones de toneladas en 2015. Según las previsiones de Poyry, ese número podría aumentar a 85 millones de toneladas por año en 2020[7].

Borad explicó que estas cifras están respaldadas por una proyección de CBI China de que la demanda china de plásticos recuperados podría superar los 29 millones de toneladas en 2015, y que China (incluyendo Hong Kong), actualmente importa 8-9 millones de toneladas de desechos de plástico cada año, mientras que la recogida doméstica fue de alrededor de 13 millones de toneladas.

Entre 2005 y 2012 Panamá exportó 32 millones de toneladas métricas de desechos de plástico, incluyendo:

Plástico # 1 – PET (Botellas de plásticas de gaseosa).

Plástico # 2 – HDPE (Botellas de jugos, shampoo).

Plástico # 3 – V (Botellas de aceite de cocina, empaques para carnes).

Plástico # 4 – LDPE (Bolsas de lavado en seco, bolsas plásticas de los supermercados).

Plástico # 5 – PP (Recipientes para margarina, yogurt).

Plástico # 6 – PS (Platos, tazas, cubiertos plásticos desechables, tarjetas telefónicas plásticas).

Plástico # 7 – Otros (Botellones de agua, lentes, etc)

Las exportaciones, en el período señalado, tuvieron un valor total de $USA 6.2 millones. De 2005 a 2007 las exportaciones oscilaron entre 4 – 6 millones de dólares. En los últimos años, el volumen exportado disminuyó, pero el valor de las exportaciones no registra caídas significativas.

Ver aquí un reportaje de TVN Panamá sobre el empacado del plástico reciclable: https://www.youtube.com/watch?v=TdXliFboIHU

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Referencias Bibliográficas.

[1] “Residuos sólidos adquieren más valor fuera de Costa Rica”. En: La Nación, San José, 4 de junio de 2014, URL:http://www.nacion.com/economia/empresarial/Residuos-solidos-adquieren-Costa-Rica_0_1418858116.html. Leído: 19 de julio de 2014.

[2] “Guatemala exporta 24% más plástico”. http://en.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_exporta_24_ms_plstico. Leído: 16 de julio de 2014.

[3] “Mineco restringe exportación de desechos de plástico PET”, URL: http://www.prensalibre.com/economia/plastico-pet-restriccion-exportacion_0_571743086.html, Leído: 19 julio 2014.

[4]“Protestas por restricción a exportación de desechos plásticos”, Leído: 19 julio 2014.

URL: http://en.centralamericadata.com/es/article/home/Protestas_por_restriccin_a_exportacin_de_desechos_plsticos. Leído: 19 de julio de 2014.

[5] Antonio Cerrillo, “Las exportaciones masivas de papel usado a China irritan a las empresas españolas de reciclaje”, URL: http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110728/54193288936/las-exportaciones-masivas-de-papel-usado-a-china-irritan-a-las-empresas-espanolas-de-reciclaje.html

[6] “Lo que esconde el Reciclaje Made in Europehttp://www.ambientum.com/revista/2013/diciembre/esconde-Reciclaje-Made-in-Europe-De-que-estamos-hablando.asp Leído: 19 julio 2014.

[7] La “valla verde” china obstaculiza las exportaciones en el mercado de plásticos reciclados. http://gestoresderesiduos.org/noticia/la-valla-verde-china-obstaculiza-las-exportaciones-en-el-mercado-de-plasticos-reciclados

El problema de los residuos solidos en la campaña electoral panameña

enero 1, 2014

Francisco Rivas Rivas.
apronad@gmail.com
https://www.facebook.com/apronadpanama/

Los ciudadanos panameños han sido convocados a elecciones generales el 4 de mayo de 2014, para escoger Presidente, Diputados, Alcaldes y Representantes de Corregimiento. Mientras que los partidos afines al Gobierno, Cambio Democrático (CD) en alianza con el  Molirena, enfocan su campaña en los logros económicos alcanzados, así como los programas sociales basados en transferencias monetarias a distintos grupos de población, los partidos de oposición Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista (aliado con el Partido Popular) y Frente Amplio Democrático se esmeran en señalar los principales problemas aun no resueltos, como el alto costo de la vida y la inseguridad, entre otros.

Un problema de vieja data: el deficiente sistema de recolección y tratamiento de los residuos, sin embargo, ha ocupado una atención marginal para el conjunto de las fuerzas políticas. A pesar de que el problema agobia a importantes sectores de la población especialmente en la Ciudad Capital y ciudades intermedias.

Hoy como ayer algunos candidatos a Alcaldes, esgrimen los mismos planteamientos, sin que a la fecha se hayan logrado implementar. Veremos algunas razones de las debilidades de estas propuestas reiterativas.

1. “Educar a la población”.

De manera resumida, se promete que la población será educada  para que disponga adecuadamente la basura (“para que no la bote en cualquier parte”, especialmente ríos y quebradas), para que recicle y dicho con un menor énfasis, pague la tasa de aseo.

La debilidad crucial de esta propuesta resulta obvia: habría que “educar” a la población sobre qué hacer con los residuos sólidos que se acumulan en sus casas y vecindarios debido al colapso del sistema de recolección.

Hemos tenido la oportunidad de ofrecer charlas informativas a comunidades urbanas y rurales sobre las 3 NO: no botar la basura en sitios públicos, mucho menos en ríos y quebradas; no quemar la basura a cielo abierto; no enterrarla. Los argumentos, debidamente ilustrados, se enfocan en los daños potenciales a la salud y el ambiente.  El problema, planteado por los participantes, es el siguiente: “si no podemos quemar, botar en sitios públicos, ni enterrar la basura y, además, los encargados de la recolección no realizan su tarea que hacemos? Comérnosla?”.

 2.     “Comprar camiones recolectores”.

El problema, entonces, remite al principio de todo: organizar un sistema eficiente de la recolección de los residuos sólidos, sobre CAMIONESLIMPIA1cuya base puede pensarse en un plan de educación a la comunidad. En tal sentido, adquirir camiones compactadores y otro equipo como retroexcavadoras se ha constituido en el símbolo de la modernidad y solución definitiva al problema de los residuos sólidos en Panamá, desde hace dos década. Aunque no existen cifras exactas, en los últimos 20 años el país ha dedicado centenares de millones de dólares a la compra o alquiler de estos equipos.

Punto_acopio_improvisado_residuos_urbanos_PtyVarios problemas han reducido el impacto positivo de estas inversiones. Primero, el mantenimiento ha sido deficiente y en poco tiempo tales equipos terminan convertidos en chatarra. Segundo, de poco han servido para atender las áreas urbanas de clase baja, pues las características de sus vías (veredas estrechas y de trazado irregular), no permiten realizar la recolección en forma eficiente. No existe una recolección primaria planificada, utilizando equipos adecuados, que permita trasladar los residuos desde las viviendas hasta los camiones compactadores. La consecuencia es que los residuos sólidos se acumulan en lugares improvisados por los vecinos como puntos de acopio, a la espera de los camiones compactadores.

 3.     “Reciclar”.

La totalidad de los aspirantes a las Alcaldías, de todos los partidos políticos, ofrecen como una de las soluciones principales al problema señalado, el “reciclaje”. No obstante, omiten mencionar – posiblemente por desconocimiento- que en Panamá existe un número importante de empresas recicladoras las cuales realizan exportaciones millonarias de materiales reciclables. (Véase la Presentación de nuestra autoría: http://www.authorstream.com/Presentation/apronad-294001-el-mercado-de-reciclaje-en-panama-recclaje-metales-papel-exportaciones-residuos-apronad-travel-places-nature-ppt-powerpoint/).

 Los planteamientos de los políticos, en cambio, hacen referencia a experiencias de países europeos y muy especialmente Japón, sin que se explique a los electores sobre el cómo propiciar programas municipales de reciclaje cuando el sistema de recolección y transporte de los residuos sólidos está colapsado y, además, esta actividad es controlada por la empresa privada.

4. Una grave omisión … política.

Los ciudadanos esperarían de sus políticos eso: una propuesta relacionada en el campo de las políticas para un manejo adecuado de los residuos sólidos. Porque el problema de raíz es que el marco institucional panameño en este campo es un verdadero de caos. Primero, la responsabilidad por el manejo de la basura fue transferida al gobierno central, en la figura de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Pero en la práctica esta autoridad, teóricamente de alcance nacional, se ha concentrado en lidiar con el problema en la Ciudad Capital. En el resto del país la responsabilidad sigue siendo de los Municipios.

Por otra parte, la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en las principales ciudades, con excepción de la Capital, ha sido concesionada a empresas extranjeras de capital colombiana, por periodos de 25 o más años. Estas concesiones fueron otorgadas por los Municipios, antes de la creación de la AAUD, y están vigentes. Agreguemos que el Relleno Sanitario de Cerro Patacón, localizado en el Distrito Capital, fue concesionado igualmente en su momento a una empresa de origen colombiana, por el Municipio de Panamá.

Adicionalmente, la responsabilidad por la gestión y operación de los residuos peligrosos es del Ministerio de Salud (MINSA), generalmente enfocado solo en los residuos hospitalarios. El sector portuario, la Zona Libre de Colón y la Autoridad del Canal de Panamá, entre otros, cuentan con sus propios sistemas. Los grandes generadores del sector comercial y hotelero han optado por contratar empresas recolectoras privadas. En las barriadas de clase media del interior del país, la recolección es ofrecida por recolectores informales.

Y para completar este panorama, las empresas recicladoras se apoyan en una masa de recolectores informales (“pepenadores”), sin que exista una normativa específca. El déficit de legislación en esta materia, además, ha permitido el crecimientode la actividad del reciclaje en forma caótica, con elevados costos sociales y ambientales..

En este contexto caotico es prácticamente imposible poner en marcha propuestas viables para resolver el problema de los residuos solidos. ¿No sería tarea precisamente  de los políticos presentar una oferta una estrategia integral de solución al problema?

Proponer, por ejemplo, el impulso de una Ley General de Residuos Sólidos, creando Comité Nacional ampliamente representativo para colaborar con la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados, en la elaboración del texto. En el Comité deberían participar representantes de las instituciones gubernamentales, el sector municipal, el sector académico, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil. Véase al respecto: http://es.scribd.com/doc/28925693/Legislacion-Residuos-Solidos-Panama

Se inicia debate sobre nuevo Código Sanitario de Panamá

mayo 27, 2013

Francisco Rivas.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá ha invitado a todas las instituciones, organizaciones, asociaciones o sociedades relacionadas con la salud  y con personería jurídica en el territorio nacional, a participar en el análisis y discusión del borrador del nuevo Código Sanitario de Panamá, con el fin de asegurar que la actualización de dicho documento contenga los preceptos necesarios para regular las funciones del Estado en lo relativo al fomento, protección y recuperación de la salud.  Hasta el  viernes 12 de julio, el Ministerio de Salud recibirá todas las propuestas referentes a la modificación o adición de los artículos que se espera sean incluidos en este documento borrador.

El borrador de nuevo Código Sanitario consta de 10 Títulos, 42 Capítulos y 185 artículos. En su Artículo 1, se establece que “La presente Ley regula el derecho a la salud, establece las bases y modalidades  para el acceso a los servicios de salud y los principios básicos de las acciones de promoción, prevención, conservación, restitución, rehabilitación de la salud y cuidados paliativos”. Además, reconoce el principio precautorio en salud pública (Artículo 4.) y los acuerdos e instrumentos jurídicos internacionales que ratifique la República de Panamá (Artículo 5). Estas dos disposiciones, aunque sea teóricamente, constituyen un avance significativo por la reticencia del estado panameño a cumplir con compromisos internacionales que pueden afectar a poderosos intereses económicos.

El Capítulo VI se refiere tímidamente al tema de la salud reproductiva, especialmente entre adolescentes (Panamá posee una de más altas tasas en la región de embarazos no deseados entre la población adolescente). Indica que con la participación de la sociedad y organizaciones no gubernamentales, se promoverán acciones integradas de salud en la adolescencia, incluyendo la educación sexual.

El Capítulo VIII “De la Salud Ocupacional”, dicta el establecimiento de coordinaciones con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para definir las condiciones de saneamiento y seguridad contra los accidentes y las enfermedades laborales en todos los lugares de producción, elaboración y comercio; la  ejecución de medidas generales y especiales sobre protección de los trabajadores, en cuanto a prevenir enfermedades y accidentes; y la prevención o control de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la salud y la vida del trabajador.

Considerando la alta tasa de accidentes, especialmente en el sector construcción, resulta inexplicable que el Proyecto de Ley no se refiera al establecimiento de normas técnicas sobre enfermedades ocupacionales de protección de la salud de los trabajadores. Sin estas normas la ley difícilmente podrá aplicarse. Tampoco se hace referencia a un sistema de control y comando como podría ser un Consejo Nacional de Salud Ocupaciones de carácter tripartito (empleadores, trabajadores y estado) que impulse los objetivos planteados en el Código Sanitario.

El Titulo IV “De la Salud y la Preservación del Ambiente” establece que el MINSA en coordinación con las entidades públicas y privadas competentes, velará porque se desarrollen programas de saneamiento ambiental que incluyan, entre otros, “el cumplimiento de los convenios internacionales sobre sustancias químicas y desechos peligrosos y no peligrosos”. Lo cual es un significativo avance, aunque sea solo de tipo declarativo.

Capítulo IV “De los Desechos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos”  indica que “El Ministerio de Salud establecerá las normas de atención integral de los desechos peligrosos y no peligrosos en todo el territorio nacional. Los desechos sólidos deben ser transportados y almacenados para su utilización, tratamiento y disposición final mediante los sistemas aprobados por la Autoridad Sanitaria” (MINSA).

El texto señalado profundiza las ambigüedades jurídicas e institucionales sobre la autoridad competente en materia de residuos sólidos no peligrosos (también llamados municipales). Efectivamente, el 29 de septiembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley N° 51 que creó la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario. Dicha Ley, promovida curiosamente por el MINSA, establece en su artículo 11 que: “A partir de la vigencia de esta Ley, es función de la Autoridad, el manejo y explotación de desechos sólidos en todas sus formas. En cumplimiento de esta función le corresponde a la autoridad: a) La administración, dirección, planificación, investigación, inspección, operación, explotación y fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano y domiciliario y de los rellenos sanitarios, ya sea directamente o por medios de concesiones administrativas. b) Desarrollar políticas, estrategias generales y planes en la materia de operación y disposición de desechos sólidos”.

Quienes deseen consultar el borrador de Proyecto de Ley lo pueden descargar en esta dirección: http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/archivos/codigo_sanitario_-_primer_borrador.pdf. Para hacer llegar sus comentarios y sus aportaciones lo puede hacer mediante carta dirigida al Ministro de Salud de Panamá, Dr. Javier Díaz. Dirección: Corregimiento de Ancón, Ministerio de Salud Edificio 237, lateral al Hospital Oncológico Nacional o por medio de un formulario que en la pagina del MINSA (http://www.minsa.gob.pa) en el hipervínculo ubicado en el segmentos de DESTACADOS. También se puede llamar a los números (507) 512-9204, (507)  512-9341 y (507) 512-9398 para mayor información.

Propuesta para una Ley General de Residuos Sólidos de Panamá

marzo 30, 2013

Francisco Rivas Ríos

El incendio de Cerro Patacón en el mes de marzo de 2013, el principal vertedero del país, en donde se depositan entre 1200 y 1500 toneladas de residuos sólidos procedentes de la Ciudad Capital y el Distrito de San Miguelito, colocó de nuevo sobre el tapete la necesidad de contar con una legislación actualizada en el manejo de estos residuos. El Ministro de Salud ha informado que se preparara un Proyecto de Ley sobre el tema el cual, previo al aprobación por el Consejo de Gabinete, será enviado a la Asamblea Nacional de Diputados para su conocimiento y eventual aprobación.

 No se trata por cierto, de la primera iniciativa.  El Ministerio de Salud anteriormente preparó el Proyecto de Ley No. 225 “Que Establece Disposiciones Sobre el Servicio de Aseo y el Marco Regulatorio e Institucional para la Gestión Integral de los Residuos y Dicta Otras Disposiciones”, presentado por el Ministro de Salud a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, el miércoles 28 de junio de 2006. La propuesta finalmente no logró materializarse.

 El proceso se vio truncado cuando, en el marco de la ruptura política de la alianza gobernante, el Gobierno decidió despojar a los municipios de su responsabilidad histórica en el manejo de los residuos sólidos, transfiriéndola a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La AAUD fue creada mediante la Ley 51 “Que crea la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones para la eficacia de su gestión” (Gaceta Oficial 26631-A), de fecha 29 de septiembre de 2010. El articulo 2 atribuye dos propósitos a la AAUD, uno operacional y otro de diseño de políticas para el sector:

a) “… la administración, dirección, planificación, operación, explotación, aprovechamiento, investigación, inspección y fiscalización de los servicios relacionados con el aseo urbano, comercial y domiciliario y de los rellenos sanitarios”.

b) “Además, estará encargada de la gestión integral de los residuos sólidos para su manejo, explotación, aprovechamiento y disposición final, en desarrollo de una política de residuos como directriz para la prevención y control de la contaminación del ambiente, a fin de garantizar la protección de la salud pública”.

La pregunta obvia es: ¿está en capacidad el Poder Ejecutivo de Panamá para asumir directamente la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en 75 municipios del país?. La respuesta es no. Por esta razón, se incluyó el siguiente artículo:

“Artículo 3. La Autoridad brindará el servicio de recolección de los residuos sólidos inicialmente en el distrito de Panamá y, hasta que se establezca en la región correspondiente, los municipios continuarán prestando los servicios en lo que respecta al manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, comerciales y domiciliarios” (Subrayados nuestros).

Es decir, parece claro que la Ley – a pesar de tener un alcance nacional –en realidad se enfoca en el Distrito Capital y su propósito fue restarle protagonismo político a un alcalde considerado adversario del Gobierno, el cual paradójicamente terminaría renunciando. La inutilidad de la ley que creo AAUD obliga ahora al Ministerio de Salud (MINSA) a preparar una ley mas integral.

(Un artículo nuestro que presenta la evolución institucional y legal del sector de residuos sólidos de Panamá puede consultarse en en este Blog: https://apronadpanama.wordpress.com/2010/03/25/marco-juridico-de-los-residuos-solidos-en-panama/ ).

A continuación la propuesta que hemos preparado para la elaboración y aprobación de la “Ley General de Residuos Sólidos de Panamá”, presentada en forma resumida. Como una contribución al debate, esperamos, que sobrevendrá en los próximos meses.

 METODOLOGÍA

 Proponemos la creación de un Comité Nacional ampliamente representativo para colaborar con el Ministerio de Salud y la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados, en la elaboración del texto. En el Comité deberían participar representantes de las instituciones gubernamentales, el sector municipal, el sector académico, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil. Cualquier intento por imponer un texto legislativo, conducirá a la perdida de legitimidad ante la sociedad civil y el sector empresarial.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY PROPUESTO

 El Proyecto de Ley se organizaría en 4 Títulos:

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

En este título se incluirán Capítulos relacionados con:

    1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley:

Tendrían como fundamento los principios inspiradores del derecho ambiental a saber:  precautorio, el que contamina paga, el de responsabilidad extendida al productor, y el de responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades gubernamentales.

    2.  Definiciones.

No pretendemos ser exhaustivos, pero el Capítulo correspondiente debería incorporar definiciones hasta ahora ausentes en la normativa ambiental panameña:

Aprovechamiento de los residuos:  conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía.

Manejo integral:  las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

Plan de manejo:  instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos ordinarios, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda.

Principio responsabilidad compartida:  principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos  ordinarios y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y del gobierno o las municipalidades según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Remediación: conjunto de medidas a las que se someten los suelos contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente.

    3. Organización administrativa.

El Capítulo correspondiente establecería la distribución de competencias y coordinación interinstitucional, con referencia especial al Ministerio de Salud (MINSA), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y los municipios.

 TÍTULO II:  HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

Este Título incluiría Capítulos relacionados con:

La Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos. El Plan Nacional. Planes Municipales. Planes Sectoriales por Tipo de Residuo (Peligrosos, Especiales, Urbanos). Planes de Manejo Integral. Fiscalización de los Planes.

Información y Educación. Sistema Nacional de Información. Acceso a la información. Programa Nacional de Educación.

Promoción de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Disposiciones para el fomento de la gestión integral de los residuos sólidos. Herramientas específicas Incentivos a generadores. Medidas especiales para minimizar la generación de los residuos sólidos. Participación ciudadana.

Las obligaciones del Estado. Presupuestos. Sistemas de Gestión Ambiental. Compras del Estado (promover la compra y utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables).

Fondo para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Constitución de los recursos. Manejo del Fondo.

TITULO III: GESTIÓN DE RESIDUOS.

Licencias y permisos. Evaluación de impacto ambiental. Registro de gestores por parte de las personas físicas o jurídicas que se dedican total o parcialmente a la gestión de los residuos sólidos.

Movimientos transfronterizos de residuos. Convenios internacionales. Importación. Exenciones. Tráfico ilícito. Inspección de aduanas. Repatriación.

Generación de los Residuos. Obligaciones de los generadores. Propiedad de los residuos. Responsabilidad extendida del productor. Residuos de manejo especial.

Residuos peligrosos. Responsabilidad. Obligaciones.

Sitios contaminados. Prevención. Remediación.

 TÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES.

Prohibiciones.

Sanciones administrativas. Principios de legalidad y el debido proceso. Actuación indebida de los funcionarios. Inspecciones. Cancelación de permisos y licencias.

De los delitos. Tráfico ilícito. Disposición ilegal. Responsabilidad por daños y perjuicios ambientales.

La Crisis del Agua en la Provincia de Los Santos, Panamá

febrero 1, 2013

La Provincia de Los Santos posee dos características importantes desde el punto de vista de la dotación de agua para consumo humano y agropecuario:Portada_Crisis_AguaLosSantos a) las fuentes subterráneas se agotan y  su calidad se deteriora continuamente, por lo cual la competencia por el agua se está agudizando; y b) el carácter disperso de la población, fundamentalmente rural,  encarece el costo per cápita. En este contexto, la dotación de agua mediante el sistema de captación de aguas lluvias se ofrece como una alternativa barata, que complementará las inversiones estatales en curso.

De acuerdo con la información proporcionada por el IDAAN,  se carece de datos específicos para una adecuada caracterización de los problemas más relevantes de la crisis del agua, especialmente la relacionada con las fuentes subterráneas, las cuales abastecen en un 90% la demanda de la población.

Resulta evidente que, ante la escasez del recurso, existe un potencial conflicto entre la utilización del agua para consumo y la destinada a los usos agropecuario e industrial. Los Santos presenta un total de 684.62 Ha de superficie apta para riego y de esta solo un 23% presenta agua superficial disponible. De acuerdo al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), las fuentes subterráneas aseguran casi el 90% de la producción total en la provincia.

De acuerdo con el IDAAN los pozos son la fuente más confiable de agua dulce para consumo humano. El suministro más abundante son los depósitos aluviales. Suministros importantes también están en los sedimentos consolidados  típicamente consistiendo de arenisca y calizas, y los suministros están a lo largo de fracturas en rocas volcánicas.

Un estimado del 45% de la población utiliza agua subterránea para sus necesidades domésticas. El agua subterránea suple al 70% de los sistemas de entrega de agua en comunidades con poblaciones con más de 500 personas.

El ensayo se puede leer en forma completa en esta dirección:  http://www.scribd.com/doc/123376661/Crisis-Agua-LosSantos-Panama

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