La legislación española y latinoamericana en materia de residuos sólidos

abril 14, 2013

Francisco Rivas R.

A continuación presentamos  aspectos fundamentales de la legislación ambiental española y latinoamericana de “nueva generación” (últimos 5 años), que regula la gestión de los residuos sólidos con un enfoque integral y de aprovechamiento productivo, incorporando al reciclaje como un componente estratégico.

Considerando que Panamá aún carece de una legislación específica en este campo, este análisis puede ser de utilidad para los tomadores de decisión.

1.  LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESPAÑA. JEFATURA DE ESTADO[i].

Esta Ley precede con mucho a las modernas legislaciones latinoamericanas de residuos sólidos y, sin duda, influyó de manera decisiva en sus contenidos. Los cambios conceptuales y operativos que acompañan esta Ley y que se explican en la Exposición de Motivos, pueden de resumirse de la siguiente manera:

  • La moderna concepción de la política de residuos, adoptada por la Unión Europea , consiste en abandonar la clasificación en dos únicas modalidades (general y peligrosos) y establecer una norma común para todos ellos, que podrá ser completada con una regulación específica para determinadas categorías de residuos.
  • Coordinar la política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su reducción en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los residuos sobre otras técnicas de gestión.
  • Se excluye de la legislación las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los vertidos a las aguas.
  • Siguiendo el criterio de la normativa comunitaria, como complemento de esta regulación de carácter general se podrán dictar, posteriormente, normas para los diferentes tipos de residuos, con la finalidad de establecer disposiciones particulares sobre su producción o gestión.
  • Se respeta el reparto constitucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas, al tiempo que garantiza las competencias que tradicionalmente han venido ejerciendo las Entidades locales (Municipios) en materia de residuos sólidos urbanos.
  • La elaboración de planes nacionales de residuos, que resultarán de la integración de los respectivos planes autonómicos de gestión, y admite la posibilidad de que las Entidades locales puedan elaborar sus propios planes de gestión de residuos urbanos.
  • La Ley a regular los residuos una vez generados, sino que también los contempla en la fase previa a su generación, regulando las actividades de los productores, importadores y adquirentes intracomunitarios y, en general, las de cualquier persona que ponga en el mercado productos generadores de residuos. Con la finalidad de lograr una estricta aplicación del principio de «quien contamina paga», la Ley hace recaer sobre el bien mismo, en el momento de su puesta en el mercado, los costos de la gestión adecuada de los residuos que genera dicho bien y sus accesorios, tales como el envasado o embalaje. Con ello, además, se acomoda el desarrollo económico de España a los principios proclamados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y la Agenda 21, firmados por España en la Conferencia Internacional de Río de Janeiro de 1992 y a los principios de la política comunitaria de medio ambiente, tal como figuran recogidos en el artículo 130. R del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, tras las modificaciones introducidas por el Tratado de la Unión Europea.
  • Debe destacarse, asimismo, el fomento de la colaboración entre la Administración y los responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se transforman en residuos, mediante la creación de un marco jurídico adecuado, con la suficiente operatividad, para la suscripción de acuerdos voluntarios y de convenios de colaboración.
  • Con carácter general, se establece el régimen al que habrá de adecuarse la producción, la posesión y la gestión de residuos, manteniéndose un mínimo nivel de intervencionismo administrativo en los supuestos de eliminación y valorización de los residuos dentro del propio proceso productivo, cuando ello permita al gestor beneficiarse de las medidas de incentivación de mercados de valorización.
  • La Ley regula también la forma en que habrá de hacerse la recogida de los residuos urbanos por las Entidades locales, el traslado interno y externo de los residuos dentro del margen de limitación de movimientos, tomándose como básico el principio de proximidad.
  • Para la consecución de los objetivos de reducción, reutilización, reciclado y valorización, así como para promover las tecnologías menos contaminantes en la eliminación de residuos, la Ley prevé que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan establecer instrumentos de carácter económico y medidas de incentivación.
  • Asimismo, se dictan normas sobre la declaración de suelos contaminados y se regula la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de lo establecido en esta Ley, tipificándose tanto las conductas que constituyen infracción como las sanciones que procede imponer como consecuencia de ello.

A continuación mencionaremos los principales conceptos y principios que fueron incorporados a la legislación latinoamericana más avanzada.

El Capítulo Primero establece en su artículo l, el objetivo principal de la Ley el cual es “Establecer el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la recogida y tratamiento de los desechos y residuos sólidos urbanos, en orden a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos.”

El Capítulo Segundo que trata sobre la eliminación de los residuos sólidos establece que ésta deberá llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial para el suelo, vegetación y fauna, la degradación del paisaje, las contaminaciones del aire y las aguas y, en general, todo lo que pueda atentar contra el ser humano y el  ambiente que lo rodea.

El Capítulo Tercero, se refiere al aprovechamiento de recursos; en ese sentido los propietarios de los desechos podrán realizar directamente su aprovechamiento o ceder sus derechos a terceras personas, ambos requieren de un permiso de la Delegación Provincial, del Ministerio de Industria y en caso de que el solicitante no sea el dueño de los desechos, deberá para la obtención de su permiso acreditar su derecho a la disponibilidad de aquellos.

En el Capítulo Cuarto, se confiere a los Departamentos Ministeriales la misión de impulsar los estudios necesarios para el tratamiento de los desechos sólidos con la finalidad de implantar sistemas adecuados para su eliminación como el aprovechamiento racional de los recursos.

Se le concede a la Administración Central la facultad de elaborar un Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos que será aprobado por el gobierno mediante Real Decreto y el mismo deberá contener los objetivos que se han de desarrollar, el plazo para su realización y disponibilidad económica para ello.

En el Capítulo Quinto se establecen las sanciones y recursos para los infractores de la ley, sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades  civiles y penales.

2. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, LEY  No. 7314 GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 21 de julio de 2000[ii].

La Ley General de Residuos Sólidos de Perú, hace parte también de la nueva legislación sobre esta materia que se está implantando en toda América Latina. Por tanto, desde el punto de vista conceptual y regulaciones, es bastante semejante a las estudiadas anteriormente.

Sin embargo, esta Ley incluye aspectos novedosos, especialmente en lo relacionado con la operación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.

El enfoque es “privatizador”, como veremos a continuación:

“Artículo 26.- Fomento de la participación privada.

El Estado prioriza la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, del ámbito de la gestión municipal y no municipal, bajo criterios empresariales y de sostenibilidad de la prestación, eficiencia, calidad, continuidad y la mayor cobertura de los servicios, así como de prevención de impactos sanitarios y ambientales negativos.

Artículo 27.- Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos

27.1 La prestación de servicios de residuos sólidos se realiza a través de las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), constituidas prioritariamente como empresa privada o mixta con mayoría de capital privado. Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos sólidos, las EPS-RS deberán estar debidamente registradas en el Ministerio de Salud y deberán contar con un ingeniero sanitario colegiado calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las prestaciones. Las EPS-RS deberán contar con equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan”

Este aspecto es muy importante para Panamá, pues la transferencia de los servicios de aseo por parte de los municipios, al sector privado, se ha realizado sin que exista una normativa específica.

La Ley peruana otorga a los municipios dos funciones principales: a) planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional; y b) regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su jurisdicción.

En Panamá, en cambio la planificación es realizada actualmente a las empresas concesionarias y los Municipios carecen de sistemas de regulación y fiscalización.

3. LA LEY NO 1.854 “BASURA CERO”, PROMULGADA POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN ENERO DE 2006 Y REGLAMENTADA EN MAYO DE 2007[iii].

En su artículo 2, la Ley define el concepto de “basura cero”:

“Se entiende como concepto de “Basura Cero”, en el marco de esta norma, el principio de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado”.

Para el logro de este objetivo la Ley garantiza una gestión integral de residuos sólidos urbanos entendiéndose por ello al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para la administración de un sistema que comprende, generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la generación.

Una de las características destacables en esta Ley es que incluye en su articulado, metas de cumplimiento como se observa a continuación:

“Artículo 6º. A los efectos del debido cumplimiento del art. 2º de la presente ley, la autoridad de aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”.

Además, la Ley prohíbe “ la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía”.  Esta es una disposición de urgencia notoria para Panamá, pues la quema de residuos a cielo abierto es sin duda el principal problema ambiental.

La Ley también obliga a los generadores (incluso los importadores) a separar los residuos en la fuente y entregarlos de esa manera al sistema de recolección y transporte, y asumir el costo por la eliminación de los residuos no reciclables.

“Articulo 14 – El generador de residuos sólidos urbanos debe realizar la separación en origen y adoptar las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que genere. Dicha separación debe ser de manera tal que los residuos pasibles de ser reciclados, reutilizados o reducidos queden distribuidos en diferentes recipientes o contenedores, para su recolección diferenciada y posterior clasificación y procesamiento.
Artículo 15 – El productor, importador o distribuidor debe cargar con el costo de recolección y eliminación segura de aquellos envases, productos y embalajes que no puedan ser reutilizados, reciclados o compostados, por lo que se extiende su responsabilidad hasta la disposición final de los mismos conforme al artículo 9° de la presente”.

También se impulsa la participación del sector informal de recuperadores, mediante el apoyo financiero a las Pequeñas y Medianas Empresas y Cooperativas:

“Artículo 44 – La Ciudad adoptará las medidas necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME). Dichos créditos y subsidios tendrán como único destino la adquisición de bienes de capital dirigidos al objeto principal de su actividad de acuerdo a lo que determine la Ley de Presupuesto”.

El Artículo 52 garantiza el financiamiento, indicando que “Los gastos que demande la aplicación de la presente ley durante el Ejercicio 2006 serán imputados a las partidas previstas para tal fin”.

4.Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México. “LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS”. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003[iv].

Esta es una ley considerada por los expertos internacionales como un “modelo” a seguir.

Su objetivo es (Articulo 1):

“…garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación…”.

Los conceptos clave son entonces: prevenir la generación de los residuos sólidos, para lo cual se requiere introducir nuevos patrones productivos y de consumo; valorizar los residuos (dar un aprovechamiento productivo, mediante el reciclaje, el reuso) y dar un enfoque integral a la gestión de los residuos (“de la cuna a la sepultura”).

Los siguientes principios de la Ley son generalmente polémicos en el entorno empresarial:

“IV. Corresponde a quien genere residuos, la asunción de los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños;”

V. La responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno (Federación, Entidades Federativas, Municipios, G.G.) es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible”.

La Ley transfiere a los generadores, en especial a los empresarios, una gran parte de la responsabilidad, lo cual implica costos adicionales, los cuales no siempre son aceptados.

Señalamos como principales las siguientes competencias que la Ley otorga a los Municipios:

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente; dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes;

III. Controlar los residuos sólidos urbanos;

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

—–

IX. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y

IV. La imposición de las sanciones aplicables, relacionadas con los actos a los que se refiere este Artículo”.

Estas competencias han correspondido históricamente a los Municipios y se mantienen e incluso fortalecen, en el contexto de las nuevas leyes integrales para el manejo de los residuos sólidos.

Una vez establecidas las competencias y coordinación, la Ley procede a establecer la clasificación de los residuos sólidos. Esta clasificación, obviamente, responde  las características económicas de México, el cual posee una importante base industrial.

Los residuos sólidos se clasifican de tres maneras: peligrosos, urbanos y de manejo especial. Los residuos especiales son:

  • rocas o productos de su descomposición generados en la construcción, y residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; residuos de servicios de salud y centros de investigación en salud;
  • residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades;
  • residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;
  • lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;
  • residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes;
  • residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico.
  • Por otra parte, la clasificación de un residuo como peligroso, “se establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo” (Artículo 16).  La responsabilidad por los residuos peligrosos corresponde a la Secretaría ya mencionada.

El artículo 21 establece criterios para caracterizar los residuos peligrosos:

“III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos contenidos en ellos;

IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de abastecimiento;

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de bioacumulación”.

Esta disposición es muy importante, pues la ley establece un procedimiento para definir los residuos peligrosos y no incluye una lista taxativa, lo cual obligaría a continuas modificación al texto legal, en la medida del desarrollo de la estructura productiva y los avances científicos y tecnológicos.

El Título IV de la Ley establece  4 instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los residuos, a saber: a) Programas para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; b) Planes de Manejo; c) la Participación Social y d) el Derecho a la Información.

a)     Programas para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabora un Programa Nacional. El principal componente de este Programa es el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, un estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos integralmente (Art. 25).

Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad  con la Ley y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos (Art. 26).

Los componentes de los Programas son:

  • Un diagnóstico que  precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios.
  • La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
  • La definición de objetivos y metas, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento.
  • Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas.
  • Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes, a fin de crear sinergias. Y,
  • La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría.

b)     Los Planes de Manejo.

El Artículo 28. Indica que estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo:

  • Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos.
  • Los generadores de residuos peligrosos.
  • Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo.

Estos Planes de Manejo incluyen los siguientes aspectos:
Artículo 29.- Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda;

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y

IV.  Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución”.

 c)      La Participación Social.

El Artículo 35 indica que el  Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios,” en la esfera de su competencia”, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos”. Para los efectos se establecen las siguientes disposiciones:

I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas correspondientes, así

como para prevenir la contaminación de sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación;

II. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos destinados a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión integral de residuos;

III. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas en la materia objeto de la presente Ley;

IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva para la promoción de las acciones de prevención y gestión integral de los residuos;

V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en materia de prevención y gestión integral de los residuos;

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, y

VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas”.

Hemos insertado esta extensa cita, porque precisamente la carencia de mecanismos de participación social en Panamá, es un factor clave para el surgimiento continuo de conflictos entre las comunidades y las autoridades gubernamentales y municipales, en torno a decisiones importantes.

Un ejemplo es la oposición generalizada de las comunidades a la construcción de rellenos sanitarios – aun cuando de se trata de una tecnología ambientalmente adecuada -, debido a la falta de participación. En los últimos años han proliferado cierre de calles y hasta confrontaciones con la policía de comunidades que carecen de información y que se encuentran frente a situaciones de hecho.

d)     El Derecho a la Información.

El  Artículo 39 establece que los tres órdenes de gobierno elaborarán, actualizarán y difundirán los inventarios de generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.

“Además, integrarán inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada entidad, en los cuales se asienten datos acerca de su ubicación, el origen, características y otros elementos de información que sean útiles a las autoridades, para desarrollar medidas tendientes a evitar o reducir riesgos. La integración de inventarios se sustentará en criterios, métodos y sistemas informáticos, previamente acordados, estandarizados y difundidos”.

5.  COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Originalmente denominado: Ley General de Residuos), Expediente No. 15.897, DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME, 11  de setiembre  de 2008[v].

Este Proyecto de Ley que ha recibido el respaldo unánime en la Comisión Permanente Especial de Ambiente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se justifica con argumentos que son aplicables a la realidad panameña:

 “El Estado ha asumido por muchos años la responsabilidad por la recolección, manejo y disposición final de los residuos, responsabilidad que ha recaído básicamente en los municipios, a los cuales no se ha dotado de una normativa específica, técnica, económica y ambientalmente adecuada para poder hacer frente al problema aquí planteado.  Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo ha decretado varios reglamentos para hacer frente a temas específicos, como lo son los rellenos sanitarios, residuos peligrosos, manejo de basuras, etc … consideramos importante que el país cuente con una ley general de residuos que venga desarrollar los principios contenidos en la normativa internacional que ha sido ratificada por nuestro país; que  integre la normativa que hoy se encuentra dispersa y la actualice en términos técnicos, científicos y económicos; que integre principios modernos de responsabilidad ambiental, civil y penal y aclare las inconsistencias actuales en materia de competencia institucional”.

El nuevo enfoque técnico, institucional y jurídico de la gestión de los residuos sólidos queda expresado en el artículo 1 de la Ley:

“ARTÍCULO 1.-

Esta Ley tiene por objeto:

a) El desplazamiento de la responsabilidad por el manejo y gestión de los residuos desde el Estado hacia el generador, productor y consumidor.

b)  La valorización y la gestión integral de los residuos.

c)  El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

d) La prevención y minimización de la generación de los residuos, estableciendo el régimen jurídico de su producción y gestión, fomentando por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como el ciclo de vida de los bienes de consumo”.

Todos estos objetivos tienen como fundamento los principios inspiradores del derecho ambiental a saber:  precautorio, el que contamina paga, el de responsabilidad extendida al productor, y el de responsabilidad compartida de los productores, importadores, exportadores, comercializadores, consumidores, empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades gubernamentales.

Un concepto sobresale en esta Ley: el de responsabilidad compartida.

“Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos  ordinarios y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y del gobierno o las municipalidades según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social”.

Otro aspecto avanzado de esta Ley es que introduce una Título dedicado específicamente a los suelos contaminados y su remediación.  En su Articulo 48 se indica que cada municipalidad siguiendo los lineamientos brindados por la Ley y los dados para cada caso específico por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica,

“… declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos contaminados debido a la presencia de componentes de carácter peligroso, evaluando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente”.

Una disposición de esta índole es de urgente necesidad para Panamá pues existen al menos 70 vertederos municipales a cielo abierto que durante muchos años han contaminado suelos localizados en la cercanía.  A esto debemos sumar una cantidad no determinada de vertederos ilegales y los denominados “pataconcitos” que constituyen peligrosos focos de contaminación.


[iii] En URL: http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/09478. Leído el 1 agosto de 2008.
[iv] En URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf, Leído el 16 de septiembre de 2008.

[v] URL: www.sise.co.cr/normativa/15897-Ley%20general%20de%20residuos.doc.. Leido el 23 de septiembre de 2008.

 

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